El equipo de gobierno municipal ha colocado en los presupuestos de 2017 una partida de 321.000 euro para la contratación de seis asesores más y de esta manera llegar al límite que permite la Ley de Racionalización del Sector Público, que fija el personal de confianza en el 0,7% de la plantilla municipal. Así, al menos, lo denunció ayer el Partido Popular, que ha renunciado al asesor que le correspondía, lo mismo que ha hecho Ciudadanos. En consecuencia, los 6 trabajadores se repartirían, en caso de contratarse finalmente, entre los grupos del tripartito y la Alcaldía, extremo que no ha podido ser confirmado.

En los últimos años, la política de los grupos de izquierda ha sido ciertamente errática en cuanto al personal de confianza. En el año 2011 el PP propuso una reducción del 10% en el número de asesores y tanto Compromís como el PSPV mostraron reticencias porque eso dificultaba su labor de oposición.

Al principio de esta nueva legislatura, sin embargo, los portavoces de los tres grupos gobernantes acordaron reducir el número de asesores por una cuestión de «austeridad y proximidad a la ciudadanía», dijo el alcalde Joan Ribó en aquel momento. En concreto, se pasaba teóricamente de 57 a 51 plazas.

Y este mismo año el equipo de Gobierno ha vuelto a anunciar la contratación de los seis asesores que todavía les permite la Ley de Racionalización de las Administraciones Locales, hecho que se ha materializado con la inclusión en los presupuestos del año que viene de una partida adicional de 321.000 euros para su contratación. La propuesta era 1 concejal para el PP, otro para Ciudadanos y 4 para los tres grupos del equipo de gobierno y Alcaldía.

Y eso es lo que ha denunciado el PP, que según su portavoz, Eusebio Monzó, ha renunciado al suyo. La explicación es que ni el grupo necesita más personal eventual ni quieren gravar más las cuentas del ayuntamiento. Es más, creen que el equipo de gobierno debería prescindir de estas contrataciones, pues «en Alcaldía tienen muchos asesores y jefes de servicio con gran preparación y bien remunerados», lo que significa que «hay otras posibilidades» para hacer ese trabajo.

También el grupo Ciudadanos ha renunciado, según fuentes del grupo, al asesor que les correspondía, de manera que los seis previstos podrían repartirse, en caso de contratarse finalmente, entre los grupos y las áreas de gobierno.

Respuesta oficial

Fuentes municipales aseguraron calificaron ayer este asunto como una de las «falsedades» del Partido Popular. Según las mismas fuentes, el gobierno municipal dispone de 29 plazas de asesor y la oposición 22, lo que hace un total de 51. Y recuerda que fue el PP el que aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley de Racionalización del sector Público, que fija el número de asesores «según la población de las ciudades». «El PP de Valencia debería haber protestado si no le parecía correcta la medida impulsada por Mariano Rajoy», añade el PP.

Así, reconocen que los populares tienen todavía libre la plaza correspondiente a la secretaria del grupo, cargo que hasta ahora desempeñaba Mari Carmen García Fuster. «Quizás no han encontrado „dicen„ a nadie que quiera reemplazar a aquella a quien los medios califican como ?la cajera del PP? en el caso Taula, que investiga una presunta trama de blanqueo de dinero en el Grupo Municipal Popular».