El Ayuntamiento de Valencia ha propuesto a la Generalitat Valenciana la cesión de competencias para poder sancionar y, en su caso, cerrar, los apartamentos ilegales que proliferan por la ciudad. Así lo comunicó ayer la concejala de Turismo, Sandra Gómez, que ha mantenido varias conversaciones con el secretario autonómico de ramo, Francesc Colomer, y, al parecer, «hay buena sintonía» en este asunto.

Gómez explicó que la semana pasada se puso en marcha la campaña para censar los apartamentos ilegales que hay en la ciudad, con el apoyo de los 10 especialistas contratados al efecto y la Policía Local. Según dijo, este problema se va agravando cada día y antes de tomar ninguna medida es necesario conocer la cantidad y la calidad de estos apartamentos, es decir, el tipo de viviendas, su situación y el perfil de las personas que las ocupan.

Con todo ese trabajo de campo se procederá después a regular el sector, regulación que se hará en el marco de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que es la norma donde se incluirá todo lo referente a las viviendas turísticas.

Hacer camino

Pero como eso puede tardar aún un tiempo „la concejala dice que será esta legislatura„ y en estos momentos se está tramitando una Ley de Turismo en la Generalitat Valenciana, la concejala ha pedido a Colomer que incluya en esa ley la cesión de competencias a los municipios para sancionar a los apartamentos que no están regulados.

En este sentido, hay que diferenciar dos situaciones distintas, los que están incluidos en el registro de apartamentos de la Generalitat Valenciana, al que desde mayo es posible apuntarse únicamente presentando una declaración responsable, y los que no lo están.

Para estos últimos, la idea es proceder a la sanción y, en última instancia, al cierre del local. En la actualidad «no podemos ni pedir información de los apartamentos», dice.

Y para los primeros, la idea es cruzar datos y hacer lo mismo con aquellos que no cumplan la normativa actual. «Queremos hacer frente a un problema creciente en Valencia e imponer sanciones administrativas a quienes hagan uso y abuso» de esta situación, dijo la concejala.

Hasta el momento, esas sanciones sólo se podían imponer por cuestiones de ruido o alteraciones del orden público, cuando en realidad si se aplicara la normativa actual de apartamentos «la mayoría se quedarían fuera», añadió Sandra Gómez.

Futura normativa

En cuanto a la normativa que se incluirá en el Plan General de Ordenación Urbana, todo dependerá del censo que se está haciendo, de la ubicación o del tipo de personas que suelen venir a Valencia. No es lo mismo, según Sandra Gómez, que estemos ante el fenómeno del «turismo de borrachera» o que los principales visitantes sean familias. Y no es lo mismo que un apartamentos esté en un barrio saturado o en otro que no lo esté. De hecho, podrían hacerse incluso distinciones entre unos y otros a la hora de legislar.

Por experiencias de otras ciudades, sabe que pueden establecerse, por ejemplo, número clausus, o establecer un porcentaje máximo respecto a la población, o regular las plantas donde se pueden situar este tipo de viviendas turísticas. Puede, incluso, no hacerse nada, dijo.

Gómez también cree conveniente que los propietarios de los apartamentos sean responsables subsidiarios de lo que hagan sus inquilinos y, desde luego, tiene toda la intención de regular este sector. Y es que la proliferación de apartamentos ilegales «está ocasionando problemas de convivencia allí donde se concentran y además está afectando a la función social de las viviendas, pues están haciendo subir los alquileres de determinadas zonas».