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Consecuencias políticas

El PP de Bonig se replantea las líneas rojas

Crecen las voces en el partido para que la dirección suavice la mano dura a los imputados

El PP de Bonig se replantea las líneas rojas

El PP de Bonig se replantea las líneas rojas

El repentino fallecimiento de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha avivado el debate dentro del PP sobre dónde deben situarse las líneas rojas del partido cuando un dirigente resulta salpicado por un asunto judicial vinculado con la corrupción. El dilema, que ha sido recurrente en el PP valenciano en los últimos años, vuelve de nuevo hasta el punto de que la actual cúpula regional capitaneada por Isabel Bonig admite que lo ocurrido obliga a repensarse la mano dura aplicada hasta ahora.

La muerte de Barberá ha provocado una gran consternación entre los populares valencianos y al mismo tiempo pone del revés el manual contra los imputados que Bonig se vio obligada a hacer suyo al estallar la operación Taula. En tiempos de Alberto Fabra, la presidenta del PPCV (entonces consellera de Infraestructuras) discrepaba en privado de las líneas rojas del jefe del Consell, pero acabó haciéndolas suyas ante la complicada situación judicial heredada y el zarpazo que tras las Navidades de 2016 supuso para la organización el huracán Taula. Con el respaldo entonces de las direcciones provinciales, Bonig decretó que todo aquel investigado (antes imputado) debía dar un paso atrás, una instrucción que no tuvo vuelta atrás cuando hubo de aplicarse a la hasta entonces amiga y mentora Rita Barberá. Pero la muerte de la exalcaldesa y la controversia abierta sobre la presión mediática sobre los imputados y la propia actuación de la organización que acabó pidiendo su cabeza ha hecho que el PP de Bonig admita que es necesario reflexionar.

Las fuentes consultadas del PPCV indicaron que la reflexión debe extenderse a toda la sociedad, pero admitían que también debe hacerse en el seno del partido. Las mismas fuentes precisaron que en todo caso las decisiones en torno a Barberá se hicieron en común acuerdo con Génova y en un momento muy complicado. «Era la tormenta perfecta», explicaban desde el entorno de la lideresa. «Y alguien debería recordar a Ciudadanos que lo primero que pidió a Rajoy para darle el apoyo era la cabeza de Barberá», añadía la citada fuente.

Con todo, Bonig se ha encontrado con un problema interno que no esperaba justo cuando comienza su carrera para revalidar la presidencia del partido en un congreso regional. En su organización siempre ha habido voces en contra de las líneas rojas, pero ayer se oían más alto: «Esto debe ser el punto de inflexión», precisaba un dirigente popular: «Nos hemos pasado y hemos de darnos cuenta de que no todo vale». Ayer, en el tanatorio, la mayoría de los que acudieron a dar el último adiós a Barberá coincidían en que el PP valenciano debe reconducir su mano dura contra los imputados. Está por ver, con todo, si el enojo que muchos mostraban ayer contra el PPCV por el «repudio» a Barberá tiene o no consecuencias. Las mayores críticas iban dirigidas a la votación del 15 de septiembre en las Corts para instar a Barberá a dejar el escaño de senadora, un acto de reprobación del que solo se borró el presidente provincial del PP, Vicente Betoret, y el diputado y exconcejal Miquel Domínguez (hoy en el grupo de no adscritos tras quedar imputado).

El debate sobre las líneas rojas no solo afecta al PPCV; también está instalado a nivel nacional. Ahora bien, en Génova también hay división de opiniones sobre qué hacer con los imputados. La nueva generación de dirigentes (quienes ocupan las vicesecretarías generales) han sido los principales apoyos de la dirección regional en su cordón sanitario contra los investigados por corrupción. Quien más se ha resistido ha sido la viaja guardia, con Mariano Rajoy a la cabeza.

Ayer, sin embargo, el PP nacional descargó en Ciudadanos que la línea roja se hubiera desplazado desde la apertura de juicio oral a la situación de imputado e incluso sostuvieron la tesis de que la habían apartado para protegerla de la prensa. Fuentes del partido indicaban que su tesis siempre ha sido que se tomen medidas el PP contra un cargo público en el momento en que se abra juicio oral Sin embargo, el documento firmado con C's previo al debate de investidura les comprometía a echar a los imputados.

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