La Comisión Europea ha abierto un expediente a España por las ayudas públicas al Consorcio Valencia 2007 a raíz de una denuncia por competencia desleal presentada por una empresa que gestiona un puerto deportivo de la provincia de Valencia. La Comisión ha notificado la apertura del expediente y ha solicitado la documentación relativa a las ayudas públicas que recibe el Consorcio Valencia 2007, el organismo donde están representados el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia responsable de la gestión y explotación de la antigua dársena portuaria y actual Marina Real Juan Carlos I.
El Gobierno ha pedido a las administraciones valencianas y al ayuntamiento que remitan la documentación que reclama la comisión que investigará, si como apunta el denunciante, el Consorcio, que explota los 800 amarres de la marina, incurre en competencia desleal al estar ofertando unos servicios a unos precios que, en ausencia de ayudas públicas, le llevarían a la quiebra.
Afirma el denunciante, que ya presentó una reclamación en 2014 a la Comisión de Defensa de la Competencia de la Generalitat, que fue desestimada, que el Consorcio Valencia 2007 no está cumpliendo los requisitos de rentabilidad y explotación razonable, al tiempo que destaca que la marina real no compite en igualdad de condiciones con los otros ocho puertos deportivos de gestión privada de la provincia. Bruselas quiere saber, si como sostiene la empresa denunciante, el Consorcio está haciendo un uso indebido de las ayudas públicas que recibe y que le permiten ofrecer unos descuentos y servicios gratuitos que rompen el mercado y perjudican a sus competidores. Sostiene además que la marina ofrece precios inferiores a los costes y que vender a pérdidas perjudica la imagen de los puertos deportivos privados.
El expediente de la Comisión Europea supone un duro varapalo para el Consorcio Valencia 2007, asfixiado por las deudas y en espera de que el Gobierno condone su deuda millonaria y con un nuevo plan de usos, en el que se incluye elevar el número de amarres para yates y megayates hasta 1.400 y privatizar las gestión de los mismos, aún por desarrollar.
El Consorcio Valencia 2007 fue creado en 2003 para impulsar las obras de la Copa del América con cuya explotación se debía alcanzar el objetivo de autofinanciacion y devolver el crédito de las obras deportivas. Nueve años después del evento deportivo los objetivos están muy lejos de cumplirse. El Consorcio arrastra una deuda de más de 400 millones de euros con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) al que, de momento, está haciendo frente el Gobierno central como avalista. El Consorcio se declaró incapaz de hacer frente a sus deudas con el ICO, que no son las únicas que asfixian a este organismo, cuyos ingresos por las concesiones están embargados ante el impago de una poliza de crédito contraída con el Santander.
