Tres décadas después de la firma del convenio entre la Autoridad Portuaria de Valencia y el ayuntamiento que sacrificó la playa de Natzaret en aras de la ampliación sur del puerto, este castigado barrio empieza a ver las compensaciones que entonces se les prometieron. El pleno del ayuntamiento de Valencia aprobó ayer por unanimidad de todos los grupos políticos el acuerdo que sienta las bases para la regeneración del barrio con un nuevo plan de ordenación urbana.

En virtud a este plan, el puerto cederá el uso (que no la propiedad) para zonas verdes y deportivas de 180.000 m2 que incluirán un gran parque de desembocadura, más grande que el jardín de Viveros, en el que se estudia incluir una playa artificial. Así lo anunció el concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, en respuesta al concejal del PP Alfonso Novo, quien reclamó plazos concretos y criticó que no se haya conseguido más en la negociación con el puerto. La APV no ha querido recuperar la salida al mar, dijo Sarrià, pero ha aceptado retranquear la rotonda que cubre la antigua desembocadura de modo que se podrá eliminar la «cloaca» que en la actualidad es la desembocadura. Sarrià aseguró que a la hora de redactar el convenio de Natzaret hemos tenido que trabajar «de cero».

El plan especial de Natzaret, que ahora empezará a redactar la APV y que podría tardar varios años en desarrollarse, fue prácticamente el único punto en el que llegaron a un acuerdo el gobierno tripartito de Compromís, PSPV y València en Comú, y la oposición.

El pleno arrancó con un primer desencuentro a cuenta de una declaración institucional a favor de la igualdad salarial entre hombres y mujeres que el Govern de la Nau no pudo incluir en el orden del día al ser rechazada por el PP. La concejala de Igualdad, Isabel Lozano reprochó al PP que solo se interese por salir en la foto y hacer «brindis al sol». El concejal del PP Eusebio Monzó justificó su rechazo porque hacía peticiones muy concretas que afectaban a los presupuestos generales, aún por aprobar «Había que tratar esta declaración en términos generales y no como una confrontación» con el Gobierno, destacó Monzó.

Cs y PP rechazaron la modificación de la ordenanza fiscal y volvieron a escenificar su rechazo a la subida del IBI, que el concejal de Hacienda, el socialista Ramón Vilar justificó como mecanismo para minimizar «el catastrazo de Montoro» y la subida lineal, a todos por igual, del 4%. El tripartito tumbó una moción de urgencia de Cs solicitando al ayuntamiento que arbitre mecanismos para hacer frente a las reclamaciones de las plusvalías de los ciudadanos, una decisión prematura e inconveniente, según apuntó Vilar, que pidió a la oposición que no confunda al ciudadano con el alcance de la sentencia del Tribunal Constitucional.