El pleno aprobó ayer las conclusiones de la comisión de Investigación del caso Taula, la más importantes de las cuales es que el Grupo Popular tendría responsabilidades políticas en el llamado «pitufeo», es decir, en el pago de 1.000 euros para la campaña electoral de 2015 para luego recuperarlos en dos billetes de 500. Los tres partidos del equipo de gobierno pidieron dimisiones en la bancada popular. Jordi Peris explicó que pese al boicot del PP, se ha demostrado que «la corrupción les rodea por todas partes». «Dimitan ya. Hagan realidad esa dignidad de la que tanto hablan», les dijo.
Peris cree incluso que hay que seguir investigando y por eso no apoyó el cierre de la comisión. Es más, propuso que se sigan analizando los contratos de la Rambleta, por los que el consistorio paga 2,3 millones al año. Y su propuesta salió adelante. Sandra Gómez aseguró que el PP gobernaba «para sí mismo y para sus amigos», y «bastó que el señor Grau dimitiera y saliera con el maletín debajo del brazo para que la secretaria de grupo pidiera los mil euros». Y Carlos Galiana cree que el PP ha desaprovechado su oportunidad de explicarse ante la ciudadanía. Narciso Estellés, señaló al PP, pero sobre todo criticó el cierre de la comisión sin investigar asuntos pendientes. Eusebio Monzó, portavoz del PP, repartió reproches para todos, primero por querer hacer cosas que corresponden a la justicia y segundo por no estar moralmente autorizados para ello, recordando a Rafa Rubio.
