El Ayuntamiento de Valencia ya tiene sobre la mesa 170 expedientes en los que se reclama la devolución de las plusvalías que han sido cobradas indebidamente por el consistorio al no haber ganancia en la compraventa de un inmueble. En estos 170 expedientes se incluyen 701 liquidaciones (una empresa presentó un centenar) por un importe global de 3.262.028 euros. Estos datos fueron facilitados ayer por el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, con motivo del debate plenario sobre el impuesto de plusvalías, puesto en entredicho por un tribunal vasco al entender que no se puede cobrar un impuesto que graba los beneficios de una venta cuando en realidad no se ha producido beneficio alguno. El grupo de Ciudadanos pidió al ayuntamiento que habilitara todos los medios para atender las posibles reclamaciones derivadas de esa sentencia y el PP reclamó que, hasta que se anule el impuesto, se rebaje el gravamen al 5% y se bonifique en un 95% en caso de herencia.

Pero el concejal Ramón Vilar presentó una alternativa según la cual se habilitarán los medios que sean necesarios y se reclamará al Gobierno el importe de las devoluciones, pues, asegura Vilar, este problema es responsabilidad del Estado. Ya antes de que el Gobierno tome medidas y retire el impuesto de plusvalías en caso de no haber beneficios, el Ayuntamiento de Valencia ha recibido numerosas reclamaciones pidiendo la devolución de este impuesto por no haber «hecho imponible», es decir, por no haber tenido ganancias en la venta de un inmueble. Durante la crisis, de hecho, muchos pisos, por ejemplo, se vendieron por debajo del precio que habían pagado sus propietarios.

Concretamente, el ayuntamiento tiene 3 expedientes de 2013, 10 de 2014, 36 de 2015, 104 de 2016 y 17 de este mismo año. En total, 170 expedientes con 701 reclamaciones y un importe global de 3,2 millones de euros. De estos expedientes ya se han atendido 308 liquidaciones por un importe de 2,8 millones de euros y el resto estan pendientes de cuantificación o de pago. Ayer, el concejal de Hacienda aseguró que ningún ciudadano se va a quedar sin cobrar lo que le corresponde si se demuestra que lo pagó irregularmente. Ahora bien, aseguró que el Ayuntamiento reclamará luego ese dinero al estado, que sería el responsable del problema.