Las relaciones entre el alcalde de Valencia, Joan Ribó, y su concejala de Protección Ciudadana, la socialista Anaïs Menguzzato, no atraviesan por su mejor momento. A las recientes tensiones provocadas por los conciertos de Fallas o la restricción del aparcamiento en el carril bus hay que sumar, o quizá poner como precedente, un fuerte encontronazo entre ambos a cuenta de la sanción de la Policía Local a uno de los escoltas del alcalde.
Según ha podido saber Levante-EMV de fuentes solventes, hace un par de meses aproximadamente Joan Ribó acudió a la Fonteta con el coche oficial y su escolta lo dejó aparcado en una salida de emergencia del pabellón, lo que hizo que el policía local que vigilaba la zona le pidiera que lo sacara de allí y lo colocara en otra parte.
Al parecer, el escolta se negó y el agente llamó primero a su superior directo, que tampoco tuvo éxito, y finalmente a su intendente principal, que se personó en el lugar y ante la reiterada negativa del escolta, le abrió un expediente sancionador.
En las alegaciones, el guardaespaldas explicó que él sólo obedece órdenes de su coordinador, es decir, del responsable del servicio de seguridad del alcalde, y que no podía hablar con él en ese momento debido al efecto de los inhibidores de frecuencia en su móvil. De hecho, dice, fue a buscar a su coordinador a pie y cuando éste le dijo que retirara el coche de la salida de emergencia volvió y lo quitó.
La sanción
Al final estas alegaciones no fueron suficientes y el escolta fue sancionado con una semana de suspensión de empleo y sueldo por una falta grave de desobediencia a un superior. Prevalecería la seguridad del recinto deportivo por encima de la persona que deba dar la orden.
El expediente también hablaba de falta de respeto a un superior, aunque esa parte se archivó al no haber testigos que lo corroborasen.
En cualquier caso, la sanción generó un importante malestar en el entorno del alcalde, malestar que se disparó cuando desde la Concejalía de Protección Ciudadana quisieron incrementarla. Según las fuentes, el departamento que dirige Anaïs Menguzzato pidió también que el escolta fuera separado del servicio durante dos meses, una propuesta que encendió los ánimos de Joan Ribó, que tuvo un acalorada conversación con Anaïs Menguzzato en la que ambos defendieron sus posiciones. Ribó recordó a la concejala socialista que los escoltas dependen jerárquicamente de su jefe de seguridad, no de la Policía Local, aunque sean miembros del cuerpo. Y Menguzzato le recordó que más allá de quien deba dar la orden al escolta, nunca debió dejar el coche en una salida de emergencia del pabellón, pues la seguridad de las personas es lo primero en estos casos.
Al final, no obstante, esa segunda sanción no ha salido adelante. Según las fuentes, la separación del servicio se hace únicamente cuando se trata de un expediente interno, es decir, dentro del propio grupo de escoltas, con el fin de que no haya interferencias mientras se tramita el caso.
Precedentes cercanos
Este enfrentamiento entre la socialista Anaïs Menguzzato y sus compañeros de Comprimís en el equipo de Gobierno no es el primero que se produce en los últimos meses e incluso en las últimas semanas.
Durante las pasadas Fallas, la Concejalía de Protección Ciudadana ya se opuso frontalmente a la celebración de unos conciertos acústicos a los pies del monumento municipal, ya que no habían sido anunciados con antelación y no estaban contemplados en el apretado programa de los servicios de protección civil. Al final, el concejal de Fiestas, Pere Fuset, tuvo que dar marcha atrás en sus pretensiones y los conciertos no llegaron a celebrarse.
Más recientemente, Menguzzato, en su calidad de concejala de Policía Local, recriminó públicamente al concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, que tomara la decisión de suspender el aparcamiento nocturno en el carril bus sin haber contado con ellos. De hecho, tuvo que ser la propia Policía Local la que pidiera información sobre las zonas concretas donde se prohibiría aparcar, información que le fue facilitada de inmediato.
Al final, la medida no entró en vigor en la fecha prevista (el pasado 1 de abril) y se ha pospuesto hasta primeros de mayo si se consiguen poner en marcha las medidas alternativas sugeridas por el Partido Socialista y València en Comú, los otros socios del Govern de la Nau.
