La Junta de Gobierno aprobará hoy el cierre de los expedientes disciplinarios de los asesores y funcionarios del Partido Popular investigado en el marco del Caso Taula «a la espera de un pronunciamiento judicial». La decisión del Govern de la Nau se produce después de dos fallos judiciales en contra que obligaron al ejecutivo de Joan Ribó a dejar sin efecto los procesos abiertos contra Luis Salom y otro asesor-funcionario del grupo municipal del PP.
El gobierno municipal entiende que, dada la complejidad del proceso judicial en marcha, no se puede mantener un expediente disciplinario «sine die» sobre tres funcionarios, puesto que a pesar del tiempo transcurrido, no hay novedades en el ámbito penal. Es por ello, que la Junta de Gobierno Local cierra estos expedientes disciplinarios a los funcionarios «hasta que haya una sentencia, y sin perjuicio de poder adoptar otra serie de medidas , si llega el caso, ante una condena».
Sin embargo, el archivo del expediente disciplinario a los tres funcionarios también afecta al resto de asesores del PP expedientados, todos ellos investigados en el marco de la operación Taula, a los que se les imputa un presunto delito de blanqueo de capitales, con el lavado de dinero negro para financiar al Partido Popular durante las elecciones del 2011 y 2015.
El gobierno municipal toma esta decisión con el aval de un informe jurídico pedido por el propio equipo de gobierno, y según el cual «habida cuenta del carácter singular de los expedientes, del tiempo transcurrido sin que, hasta la fecha, haya recaído resolución o auto alguno en sede jurisdiccional y a los efectos de no soslayar el estatus jurídico del personal funcionario y de asesoramiento, procede archivar los expedientes disciplinarios, abriendo la posibilidad de volverlos a abrir si por la vía judicial se probara la constitución de hechos delictivos».
De esta manera, un total de ocho asesores del Partido Popular y tres funcionarios adscritos al grupo municipal popular ven cómo los expedientes disciplinarios abiertos quedan sin efecto, tras abrirse el proceso en 2016.
Dos sentencias calcadas
Hay que recordar que en mayo del año pasado el asesor Luis Salom ya consiguió que la justicia le diera la razón y anulara la suspensión de empleo y sueldo que decretó la Junta de Gobierno Local. El juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de la ciudad condenó al Ayuntamiento de València al pago de las costas. Salom recibe, al igual que el resto de asesores o personal de confianza del ayuntamiento, 57.424,78 euros brutos anuales.
Hace unos días, como informó este periódico, se produjo el segundo revés para el ejecutivo de Ribó. Así, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 8 de València dio la razón a un veterano funcionario adscrito al PP que también fue suspendido de empleo y sueldo tras verse investigado, en su condición de asesor del PP, por el presunto delito de blanqueo de capitales en el marco de Taula. El magistrado impuso de nuevo al consistorio el pago las costas judiciales con un límite de 1.800 euros.
El juez estimó que la orden de la Junta de Gobierno Local vulneraba los derechos fundamentales del asesor y se basaba en la sentencia anterior en la que ya se dio la razón a Luis Salom.
