València va a sacar a concurso público la gestión de la recogida y custodia de animales en la ciudad, una tarea que en los últimos años ha estado en manos de sociedades protectoras a través de diversos convenios. Sin embargo, la Concejalía de Benestar Animal ha abierto un proceso de licitación que permitirá que cualquier empresa que cuente con un núcleo zoológico opte a este servicio que, asegura el ayuntamiento, estará «municipalizado» porque contará con «el control absoluto» de funcionarios de la casa.

Lo cierto es que en el pliego de condiciones solo especifica que se incorporará a esta tarea el veterinario del consistorio, aunque la edil responsable, Glòria Tello, asegura que se va a contratar a otro veterinario y más personal, además de incorporar a otros seis operarios de centro de animales exóticos de Natzaret. En total la licitación sale a concurso por 430.000 euros, cifra que según denuncia Pacma y la actual protectora que gestiona el refugio municipal de animales de Benimàmet, Modepran, es inferior a la partida actual de 420.000 euros anuales, porque además la empresa que gane el concurso deberá asumir también el Plan de Esterilización Felina (20.000 euros en 2016), así como el centro de avifauna de Natzaret.

«Pese que el ayuntamiento diga que va a contratar personal, algo que no está en el pliego de condiciones, en la práctica los recursos son inferiores al contrato de hace cinco años, sin contar con los incrementos del IPC», explica Raquel Aguilar, portavoz del Partido Animalista en València.

Más allá de las condiciones económicas, que han abierto muchas heridas, lo que más duele al entorno animalista es que, según denuncian, en la práctica las protectoras no podrán optar al concurso público del ayuntamiento al no tener la capacidad económica que se exige en el pliego de condiciones (un volumen de negocio de 106.000 euros, 35.000 euros de fianza y aportar cuatro vehículos, entre otras cuestiones). Creen que la Concejalía de Benestar Animal en la práctica privatiza la gestión y la deja en manos «de empresas que quieren ganar dinero y, por lo tanto, no tendrán la sensibilidad y el cuidado de las protectoras», asegura Modepran.

Guerra de cifras

Para la protectora que gestiona Benimàmet, que está en pie de guerra con la concejala Glòria Tello, la vida de unos 300 animales está en peligro «si se mercantiliza» la gestión. Por su parte, la edil de Compromís recuerda que en el pliego de condiciones especifica claramente que se ha de respetar el «sacrificio cero» y que, en todo caso, será el veterinario municipal el que deberá autorizar eutanasias y controlar las muertes que se produzcan en el refugio. El año pasado fueron 421 animales fallecidos en Modepran, pero la protectora se defiende: «La cifra es real, pero la responsabilidad es del ayuntamiento por las condiciones en que tiene el refugio y que no ha mejorado pese a nuestras reiteradas quejas». Tello niega este argumento y recuerda que en 2016 se invirtieron 55.000 euros en un nuevo quirófano y jaulas que, por cierto, no cumplían con los requisitos que pedían desde el centro de Benimàmet.

¿Qué ley prevalece?

El tercer punto «caliente» es la cuestión legal del concurso público. Los animalistas aseguran que una ley de 1994 les ampara y que el Ayuntamiento de València está obligado a dar preferencia a las protectoras en la recogida de animales, pero desde la concejalía de Benestar Animal argumentan que otra ley de rango superior se lo impide. «Aunque la Ley de Animales de Compañía de la Comunitat Valenciana de 1994 señala que se podrá concertar con entidades protectoras de animales la gestión de la recogida y cuidado de animales abandonados, lo cierto es que el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de noviembre de 2011 limita el uso de convenios, incluso con entidades sin ánimo de lucro o con otras administraciones, si el objeto del convenio coincide con el objeto de alguno de los contratos que regula la Ley de Contratos del Sector Público (texto refundido de 2011). En el caso de la gestión del núcleo zoológico y la recogida de animales abandonados coincidiría con el objeto del contrato de servicios», explican fuentes municipales. Como ejemplo ponen el convenio que antiguamente se firmaba con Cruz Roja para la vigilancia y salvamento en las playas. «Tuvimos que convocar un concurso», recuerdan.

Este periódico consultó con la Conselleria de Hacienda si el proceder del consistorio se ajustaba a la ley y su respuesta despeja cualquier duda. «Se trata de un contrato de servicios y que hay que sacarlo a concurso, con pública concurrencia», explicaron fuentes del departamento, que añadieron: «Cuando la ley de animales habla de que se podrá concertar, se refiere a un concierto, no a un convenio directo, que no se puede hacer. Un concierto se adjudica también por pública concurrencia, como los sanitarios o de servicios sociales».

Los escenarios

En todo caso, la concejala Glòria Tello considera que ninguna empresa podrá «hacer negocio» con la licitación que hay en marcha «porque las partidas están muy ajustadas y no van a ganar dinero con este contrato». Se presentan varios escenarios de futuro. Por una parte, Pacma, colectivos animalistas y las protectoras han exigido al alcalde Joan Ribó que paralice el concurso de gestión, al considerar que no ajusta a la ley. De hecho, según ha podido saber este periódico, podrían presentar un recurso para paralizar la licitación.

El segundo escenario posible es que, finalmente, el concurso público se adjudique a una empresa. La protectora y Pacma temen que acabe gestionando el refugio una desratizadora (como ha pasado en otras poblaciones). No confían en que el ayuntamiento garantice ese «control absoluto» del que hablaba la regidora Tello.

El tercer escenario, aunque parezca mentira, puede acabar siendo la opción más probable. Si Tello está en lo cierto y las condiciones no son ventajosas para las mercantiles privadas, se corre el riesgo de que el concurso quede desierto, algo bastante habitual en la administración. Esto abriría una nueva opción. El Ayuntamiento de València entonces tendría vía libre para, conforme prevé la ley, solicitar tres presupuestos a quien considere más oportuno para la gestión del servicio. No haría falta un aval ni tampoco un determinado volumen de negocio. Es decir, abre la puerta de par en par a que el departamento de Tello contrate con una protectora de nuevo.

Tello aseguró que desde el primer momento trató de incluir a las protectoras como opción preferencial en el concurso público, pero los servicios jurídicos del Ayuntamiento abortaron esta opción. Así pues, con un concurso desierto, la concejala podría cumplir con su deseo personal y, conforme a la ley, adjudicar la gestión a la protectora que más garantías y condiciones le ofreciera.