Vecinos y vecinas de La Punta han presentado una querella contra el procurador que durante 15 años ha trabajado junto a ellos en las demandas por la ZAL, porque le acusan de haberse quedado presuntamente con más de un millón de euros de unas indemnizaciones. Ha sido la decana del Colegio Oficial de Procuradores de València, Laura Oliver, quien se ha encargado de presentar la querella contra Francisco J. F. C., por la presunta apropiación indebida de 1.238.264 millones que la Generalitat depositó en una cuenta a cargo del funcionario para que hiciese los pagos a cada unos de los vecinos.
Según la presidenta de la asociación Unificadora de La Punta, Carmen González, «se trata del 25% de los intereses que nos adeudaban desde que nos hicieron las actas de ocupaciones. No lo habían pagado y fuimos a los tribunales». A finales de abril, la Generalitat tras la sentencia del TSJ depositó en la cuenta del tribunal un total de 1.612.845, 28 euros que fue pagado al procurador en una cuenta personal suya.
Según la querella de la decana, en representación de los vecinos, en un primer momento, el funcionario sí pago las respectivas sumas a 16 de las personas a las que representaba. Pero este pago solo supuso 374.581,14 euros, por lo que quedaban 1.238. 264 millones pendientes.
Sin noticias del procurador
En la querella, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, se señala que el procurador «se niega a atender los requerimientos verbales y mensajes que se le han hecho repetidamente llegar hace un mes». Asimismo, continúan señalando que se han puesto en contacto con la empleada del procurador en su despacho que les dijo «no saber nada». Indican que se le ha llamado telefónicamente y enviado SMS, que no coge el teléfono ni responde, «ni por supuesto paga el dinero que tiene retenido o del que ha dispuesto». Este periódico ha intentado ponerse en contacto con el procurador a través de varios medios -teléfono móvil y correo electrónico- sin obtener respuesta. La persona que atiende las llamadas en su despacho dio la misma respuesta a este diario, que no estaba en ese momento y que no sabía nada de él. Era la respuesta que señalaba le había dicho a otras personas que llamaban preguntado por él.
Piden prisión provisional
Los vecinos piden al juzgado que «con urgencia» se embarguen los bienes y cuentas de esta personas hasta cubrir el dinero que falta y un 30% de intereses y costas. También se pide a su banco que facilite todas los movimientos bancarios en su cuenta, e incluso exigen «prisión preventiva para el querellado» para evitar una presunta fuga y destacan «el escándalo que suponen los hechos relatados y más aún al haberse producido en el ámbito de funcionamiento de la Justicia».
La presidenta de la Asociación de Vecinos La Unificadora, Carmen González señalaba a este diario que «ha sido una sorpresa» al tratarse del procurador que les ha acompañado en 15 de los 25 años de lucha que lleva la asociación movilizándose contra la ZAL y las expropiaciones, y reclamando la preservación de la huerta que finalmente fue asfaltada. González explica que la secretaria del procurador les dijo «que se había ido a Santander a ver a una hija que estaba enferma». De eso, señala, hace dos semanas y desde entonces no han tenido noticia del profesional y «su familia dice que no sabe nada de él». La presidenta comentaba que se trata de una «situación muy dura», pero al tiempo dejaba claro que «tras haber ganado 15 contenciosos administrativos nadie nos va a parar».
