El juzgado número 13 de València ha descartado por el momento embargar los bienes y cuentas del procurador que no ha repartido 1,2 millones en indemnizaciones a los vecinos de La Punta por las expropiaciones de sus terrenos para la construcción de la ZAL.
Como ha venido informando Levante-EMV, los vecinos, representados por la decana del Colegio Oficial de Procuradores de València, Laura Oliver, presentaron una querella en los juzgados el 25 de julio por la presunta apropiación indebida de ese dinero por parte de Francisco J. F. C., procurador que les ha acompañado durante 15 años.
El Tribunal Superior de Justicia ingresó en una cuenta de este profesional más de 1,6 millones de euros abonados por la Generalitat Valenciana para que los hiciese llegar a los vecinos, en concepto de indemnizaciones.
El procurador pagó 374.581, 14 euros. Ningún euro más, según denunciaron los vecinos, quienes intentaron ponerse en contacto con el procurador por diversas vías, tanto mediante teléfono como hablando con su propia familia.
Ante el silencio del procurador y la demora en los pagos, los vecinos presentaron la querella en la que solicitaban que con «urgencia» se embargaran los bienes y cuentas del procurador, hasta cubrir el dinero que faltaba, más un 30 % por intereses y costas.
También pidieron que se exigiese al banco que facilitara todos los movimientos de dinero e incluso la prisión preventiva temiendo que el querellado se diese a la fuga.
Quince días después los vecinos afectados en La Punta han recibido la notificación que les informa de que se ha admitido la querella, un tiempo que los expropiados hace días ya habían considerado excesivo al no saberse nada del dinero.
Antes de esta notificación, después de que este periódico publicara esta situación, el querellado se presentó voluntariamente en los juzgados para informar de dónde podía ser localizado.
Por ello, el juzgado no contempla la necesidad de prisión provisional, pues entiende que no hay peligro de fuga por parte del querellado. Asimismo, según ha podido saber este diario, el juez en el auto asegura que los vecinos y la decana de los procuradores no aportan datos ni justificación suficientes para tomar las medidas cautelares de embargar las cuentas bancarias del querellado. Así, el juez dispone admitir la querella, solicita que se inicien diligencias previas y que por lo tanto se llame a declarar al querellado.
«Le están dando tiempo»
La presidenta de la Asociación de Vecinos La Unificadora de La Punta, Carmen González, criticó que «la justicia le está dando tiempo para que el dinero desaparezca, una oportunidad al querellado... ¿Por qué?». ¿Por qué le dan la oportunidad que no dan a otras personas en otra situación?¿Por qué si una persona necesitada roba para comer le meten en la cárcel y él le da una oportunidad?, se preguntaba la representante vecinal, quien añadía que «desde hace ya muchos años en la justicia hay tres velocidades: rápida, lenta y la de La Punta».
Asimismo, explicó que el procurador querellado no se ha puesto en contacto en ningún momento con los vecinos para darles una explicación de lo ocurrido y señaló indignada que «el TSJ tenía que haber hecho cheques nominativos para entregarlos a los vecinos y no ingresar el dinero en una cuenta de ese señor para luego desentenderse. Es dinero público», sentenció.
