Los vecinos de la Punta han presentado un recurso de reforma en el juzgado número 13 de València para que se le embarguen las cuentas al procurador que supuestamente se ha quedado con 1,2 millones de euros que tenía que haberles repartido por las indemnizaciones de la ZAL (Zona de Actividades Logísticas) del puerto. Insisten en que hay riesgo de alzamiento de bienes y piden celeridad en las actuaciones, motivo por el que ayer se concentraron a las puertas de la Ciudad de la Justicia.
Los vecinos aseguran estar cada vez más asombrados con todo este asunto. El pasado 25 de julio presentaron una querella por la presunta apropiación de 1,2 millones de euros por parte del procurador que les había acompañado durante 15 años en su litigio en los tribunales para cobrar las indemnizaciones que les correspondían por haber sido expropiados para la creación de la ZAL del puerto. De los 1,6 millones que fijaron los tribunales, el procurador repartió 374.581 y presuntamente se quedó el resto, dicen los vecinos.
Y luego han visto como los juzgados demoran y no adoptan medidas cautelares contra el presunto responsable del apropiamiento indebido. Hasta el pasado viernes no se notificó la admisión de la querella y, en principio, no se adoptó ninguna medida cautelar contra el denunciado.
Así pues, el pasado lunes, la decana del Colegio de Procuradores de València, Laura Oliver, que está representando a los vecinos en esta querella, presentó un recurso de reforma en el mismo juzgado para que adopte esas medidas cautelares. En concreto, pide que se embarguen todas las cuentas del procurador y que se solicite a las entidades bancarias información de todos los movimientos que se hayan podido hacer en este tiempo. Por lo pronto, tienen conocimiento de dos cuentas en el banco de Santander y en Bankia, que son las que se utilizaron para hacer los primeros pagos.
En declaraciones a Levante-EMV, Oliver explicó que, por el momento, no ha pedido medidas personales contra el procurador, ya que él mismo se ha personado en los juzgados, ha nombrado abogado y está perfectamente localizado.
Presión de los afectados
Ahora, el juez tiene que tomar una resolución y hacerlo en un plazo de tiempo lo más breve posible. Según los vecinos, el recurso debe mirarlo la fiscalía y pronunciarse en un plazo de dos o tres días. Y en caso de no ser así, deberá ser el propio juez el que adopte las medidas pertinentes.
Ellos, por lo pronto, ya han iniciado movilizaciones para que el proceso no se eternice una vez más. Ayer ya se concentraron a las puertas de la Ciudad de la Justicia para pedir precisamente eso, además de personarse en el juzgado de guardia y en el propio juzgado número 13 para cerciorarse de que el proceso está en marcha, aunque sea el mes de agosto.
«Lo que queremos es que se adopten medidas rápidamente para que no haya alzamiento de bienes», comentó Carmen González, presidenta de la Asociación de Vecinos de la Punta.
