El Ayuntamiento de València planta cara a los apartamentos turísticos ilegales. Es lo que se desprende de las palabras de Sandra Gómez, concejala de Turismo, quien ha recordado que el consistorio encargó un estido sobre el dimensionamiento de la oferta de viviendas turísticas en la ciudad.

De hecho, Gómez ha anunciado que se impondrá una tasa por cada vivienda turística que se inscriba en plataformas digitales, como Airbnb con el fin de "evitar el alquiler ilegal, limitar el número de días que se puede ofrecer la vivienda". El objetivo es tener "mayores elementos de control con el cumpliento de las normas, que se paguen impuestos y den de alta a sus trabajadores."

"Nadie ha encontrado las gallinas de los huevos de oro: si uno se da de alta en Hacienda y paga al sector, para sacar mayor rentabilidad tiene que alquilar su vivienda más de 180 días al año", ha indicado la concejala.

En total, el consistorio contabiliza 4.714 viviendas turísticas, de las cuales 2.429 son alegales, es decir, no están registradas como tales.

Los apartamentos se concentra en Ciutat Vella (34 %), seguido del barrio Extramurs (12%), l'Eixample (11%) y Poblats Marítims (10%).