El Ayuntamiento de València «ha congelado» la licitación del concurso público de suministro de energía hasta que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales dictamine si las cláusulas sociales introducidas por el consistorio son legales. Se trata de una medida provisional que, en realidad, podría tener limitada la afección al procedimiento administrativo, en tanto y cuando se mantiene el plazo de recepción de ofertas, que acaba el próximo 11 de septiembre. Es decir, el tribunal le comunica al ayuntamiento que espere a su decisión antes de continuar con el desarrollo de la adjudicación (apertura de sobres y valoración económica de las diferentes proposiciones).
El suculento contrato que han recurrido Endesa y Gas Natural tiene un importe base de licitación 38,1 millones de euros y dos años de suministro de energía, es decir, uno de los más elevados que saca a concurso la ciudad.
El Ayuntamiento de València ya contemplaba que se produjera esta suspensión del procedimiento del contrato, ya que los recursos tanto de Endesa como de Gas Natural cuestionan la legalidad de introducir cláusulas sociales, concretamente la obligación por parte de la empresa adjudicataria de no cortarle la luz a un abonado moroso si antes no hay un informe de los servicios sociales del consistorio, que dictaminaría si la familia o persona afectada está en riesgo de exclusión social.
El Govern de la Nau ha reiterado su compromiso de luchar contra la denominada pobreza energética, y pretende que las compañías que suministran energía al ayuntamiento firmen un convenio de mutuo acuerdo para hacerse cargo de parte de las facturas de aquellas personas en riesgo de vulnerabilidad que no pueden pagar. València se ampara en la Ley 3/2017 que aprobó la Generalitat Valenciana a finales de enero, en la que se obliga a todas las administraciones públicas a incluir cláusulas sociales en las licitaciones públicas.
Endesa y Gas Natural basan su recurso en una resolución del pasado mes de marzo del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, en la que precisamente dio la razón a ambas compañías en una licitación del Ayuntamiento de Barcelona en la que se incluían también cláusulas sociales. El gobierno de Ada Colau se ha visto obligado a redactar de nuevo el pliego de condiciones. València, de momento, todavía no ha recibido un revés tan duro. Es más, confían plenamente en la legalidad de su requisito social.
El Ayuntamiento espera ganar la batalla legal a las grandes eléctricas porque ha elaborado un pliego de condiciones administrativas más concreto y claro, y sin imposiciones. El de Barcelona fue rechazado porque no obligaba a la ganadora del concurso a firmar un convenio para asimilar el 50 % de la factura de la pobreza energética. Sin embargo, en la redacción del pliego de València no se habla de obligatoriedad, sino de «mutuo acuerdo» para firmar este convenio. El detalle puede ser clave.
