La conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural alcanzó un acuerdo para poder iniciar la quema de la paja de arroz. El trato con los agricultores y los ayuntamientos deriva en que se podrán quemar aquellos terrenos perjudicados por la anoxia del agua en las zonas bajas de la Albufera, mientras que en las altas se permitirá la quema de la paja de arroz siempre que se demuestre que los campos también sufren esta enfermedad vegetal.
La delimitación de la cartografía que indicaba donde se podía quemar se ha ampliado en la zona sur de la Albufera (hacía Cullera), pero se ha recortado en la parte interior. En definitiva, la cantidad de terreno donde se permitirá eliminar la paja de arroz con fuego se reduce alrededor de 6.000 hectáreas, lo que significa una disminución de más del 50% respecto a 2016 -con 15.000 hectáreas-. Cabe recordar que conselleria pretendía que está reducción fuera a partir del 60%, por lo que tanto la administración como los agricultores (que querían de nuevo una quema generalizada al no haber tiempo de reacción) han cedido en su pretensiones.
Con el acuerdo final, no hay un calendario marcado como tal por su dinamismo. Habrá una primera fase con las quemas más urgentes a partir del 2 de octubre, mientras que las zonas sin permiso de quemas tendrán que esperar hasta principios de noviembre para solicitar el permiso. Las fechas pueden variar por las condiciones climatológicas o por factores externos.
El acuerdo tardó en llegar
La reunión que tenía que decidir quien podía quemar la paja de arroz y en caso negativo, que poder hacer con la misma, se alargó hasta mediada tarde. A la salida de la cita matinal, el secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático, Julià Álvaro, indicó haber llegado a «un acuerdo básico que es que no se harán quemas generalizadas en l´Albufera, como en 2016, solo en los sitios imprescindibles para garantizar la salud de los cultivos. Álvaro agradeció a los agricultores por «su responsabilidad», para evitar las grandes quemas.
?Entre las alternativas a la quema, Francisco Rodríguez Mulero, secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural y director de la Agencia Valenciana de Fomento de Garantía Agraria explicó que «hay previsto poner dos puntos de recogida de bancos de paja que luego pueden servir para su comercialización». Con esta medida pretenden que «no se cumplan los picos de contaminación del 2016».
Para el 2018, todos los actores acordaron celebrar dos reuniones en marzo y junio para planificar con tiempo, no como este año.
?A la cita estaban convocados representantes de Albalat de la Ribera, Albal, Alfafar, Algemesí, Catarroja, Corbera, Cullera, Dènia, Favara, Fortaleny, La Llosa, Massanassa, Llaurí, Oliva, Pego, Polinyà del Xúquer, Riola, Sedaví, Silla, Sollana, Sueca, València y Xilxes, aunque faltaron muchos. También miembros de La Unió, AVA-Asaja, Cooperatives Agro-Alimentaries y Sivaris.
