La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) se ha sumado a las críticas al equipo de gobierno municipal por pedir la paralización de la ampliación de la V-21, la carretera de Barcelona, entre el barranco del Carraixet y la entrada a València por la Avenida de Cataluña. La patronal se alinea, pues, con la tesis del propio Ministerio de Fomento, que ha criticado también esta decisión del Ayuntamiento de València recordando que perderá 30 millones de inversión, retrasará la obra diez años y colapsará el tráfico en este importante acceso a la capital.
En un comunicado hecho público ayer, la CEV recuerda que ese proyecto se encuentra ya en fase de licitación y apertura de ofertas económicas y, por tanto, en la recta final de una tramitación que se ha alargado una década, por lo que no entiende que se vean ahora paralizadas por acuerdo del pleno del ayuntamiento.
«La ampliación de la V21 en su tramo Carraixet-Valencia es una de las infraestructuras identificada como prioritaria en el Informe Infraestructuras para el desarrollo socioeconómico de la Comunitat Valenciana que enumera y cuantifica las infraestructuras prioritarias para impulsar la competitividad de las empresas y el desarrollo sostenible del territorio», asegura la patronal.
Dicho informe fue elaborado por el grupo de trabajo constituido en el seno de la CEV en el que participan representantes de la Federación de Empresas de la Comunidad Valenciana Contratistas de Obras de la Administración (Fecoval), la Federación de Empresarios de la Construcción (Fevec) y la Cámara de Contratistas y que ha contado con las aportaciones de la administración autonómica y central, de las autoridades portuarias de la comunidad, de Red Eléctrica Española e Ineca, anumera.
Siniestralidad
Eso significa que para los empresarios, la V21 «es una vía de conexión estratégica para el desarrollo económico, para el tráfico de mercancías y para la movilidad ciudadana». «Su importante densidad de tráficos -continúa el comunicado- arroja un histórico de siniestralidad que hace irrenunciable su ampliación con un tercer carril en cada sentido para evitar la saturación y el colapso de los tráficos de acceso de entrada y salida a la ciudad de Valencia».
Además, llama la atención sobre el hecho de que este cambio de reglas de juego se produzca con la partida en su recta final. De hecho, «su paralización, a instancias de las mismas formaciones políticas que en 2015 apoyaron el proyecto, se produce en el tramo final de su tramitación, superada ya la fase de consultas y exposición pública y con los preceptivos informes ambientales, urbanísticos, jurídicos y de toda índole que exige una obra de esta magnitud ya aprobados».
La Confederación Empresarial Valenciana emplaza, por tanto, a las administraciones públicas y a las diferentes fuerzas políticas a trabajar conjuntamente para que el desarrollo de las infraestructuras de la Comunitat Valenciana se lleve a cabo en el marco de un pacto global con una estrategia común y estable en el tiempo.
