Mano dura contra el fraude fiscal. Con esta premisa, la Junta de Gobierno Local aprobó ayer la contratación del servicio de asistencia y colaboración a la inspección tributaria del Ayuntamiento de València para revisar los impagos y morosidades del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), de manera que se haga efectivo el pago de las deudas con el municipio. Así lo explicó ayer la primera teniente de alcalde, Sandra Gómez, en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno, donde cifró en cuatro millones de euros la cantidad que el ayuntamiento espera cobrar con el refuerzo del servicio de inspección tributaria, que, según apuntó la también portavoz del PSPV, ha estado durante años «casi muerto» y sin personal.
El Govern de la Nau reprocha al anterior gobierno del PP que no reclamase a las promotoras y empresas constructoras el pago del ICIO como tampoco se había hecho hasta ahora con el Impuesto de Actividades Económicas.
Sandra Gómez explicó que con esta decisión se pretende conseguir una mejora en la gestión del servicio de inspección, de manera que se pueda mantener un equilibrio presupuestario en las arcas públicas. Se mantendrán los ingresos sin subir los impuestos.
