El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha dado la razón a las grandes compañías eléctricas Endesa y Gas Natural y ha dejado sin efecto las cláusulas de pobreza energética introducidas por el Ayuntamiento de València en el nuevo contrato de la luz, clausulas que obligaban a estas compañías a avisar a los servicios sociales antes de cortar la luz.
Ahora el consistorio ha anunciado un recurso y además se propone hacer un nuevo contrato energético introduciendo la condición de que el 100% de la energía provenga de fuentes renovables. Al tiempo, mantendrá su política de ayudas a las familias que no pueden pagar el recibo de la luz a final de mes.
El nuevo contrato de la luz para la ciudad de València, valorado en 38 millones de euros, está en fase de adjudicación y había introducido como novedad las clausulas de pobreza energética, una obligación, por otra parte, incluida en la Ley de Medidas contra la Pobreza Energética de la Generalitat Valenciana.
Sin embargo, este proceso se vio alterado por el recurso que Gas Natural y Endesa presentaron ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, que finalmente les ha dado la razón siguiendo la doctrina del tribunal catalán, que ya hizo lo propio con las clausulas introducidas por el Ayuntamiento de Barcelona.
El magistrado entiende que este contrato se ciñe a la compra venta de energía y, por tanto, las clausulas de pobreza energética no son objeto del mismo. Es decir, separa la operación comercial de la política energética municipal. Eso supone, la anulación de las partes impugnadas y la frustración de estas medidas.
Reacción municipal
En vista de ello, el consistorio ya ha tomado las primeras medidas. La primea de ellas será recurrir en la vía contencioso administrativa la sentencia del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, aunque serán los servicios jurídicos municipales los que finalmente tomen la decisión en este sentido, pues la ley autonómica que les amparaba también ha sido recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, un hecho que no ha ayudado ni antes ni probablemente en el futuro, pues se espera una suspensión cautelar inmediata de la norma autonómica.
En segundo lugar, el ayuntamiento se propone sacar de forma inminente una nueva licitación pública del contrato de electricidad eliminando las partes impugnadas por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales e introduciendo nuevos elementos de sostenibilidad.
En cuanto a las partes a eliminar, se trata básicamente de tres puntos. Uno es la cláusula especial de ejecución para luchar contra la pobreza energética, que impedía a la compañía adjudicataria cortar la luz a una familia hasta que no se estableciera por los servicios sociales municipales si se encontraba en riesgo de vulnerabilidad energética.
Otro es la posibilidad de que el Ayuntamiento de València firmara un convenio con la adjudicataria para luchar contra la pobreza energética en la ciudad de Valencia, así como para promocionar medidas para la cultura energética de la ciudadanía.
Y el tercero, dado que el tribunal también ha estimado el recurso de Gas Natural Comercializadora, S.A. y de Endesa Energía, S.A.U. en cuanto a los precios máximos de la energía, será suprimir la posibilidad de adherirse a unos precios más ventajosos que los de la licitación si la adjudicataria tuviera otro contrato con otro administrativo a precios más económicos.
"En definitiva, el contrato de compra de energía tal como había diseñado el gobierno municipal para defender los intereses de València en cuanto a precio y protección de los vecinos frente a situaciones de vulnerabilidad energética, no puede ir adelante", aseguró el concejal de Gobierno Interior Sergi Campillo.
Lo que sí puede hacer y así lo hará es introducir en el nuevo pliego de condiciones algunas variantes de sostenibilidad, concretamente exigir energía 100% de origen renovable.
