Ni 1,2 millones de euros de sanción que se auguraban (y que el presidente de la Interagrupación Jesús Hernández Motes reclamó que los responsables pagaran de su bolsillo) ni destrucción de la encuesta, total o parcialmente (que también se pidió).

Tampoco libre absolución de los responsables, porque se mantiene la catalogación de «infracción muy grave». A falta de lo que suceda con el recurso, la encuesta fallera (y más concretamente, sus preguntas de índole política y religiosa) se salda con una reprimenda técnica.

La Agencia Española de Protección de Datos ha comunicado al ayuntamiento su propuesta de resolución tras actuar de oficio. En esencia, se considera que las preguntas relacionadas con religión e ideología sólo se pueden tratar con consentimiento expreso y por escrito y la agencia considera que no ha sido así, infringiéndose el artículo 7.2 de la Ley de Protección de Datos.

A pesar de considerar la infracción como «muy grave», la instructora Cristina Gómez Piqueras señala como resolución tres indicaciones de tipo burocrático o de comportamiento: instar al ayuntamiento a que no vuelva a producirse esa praxis, notificar la resolución al responsable del fichero (la empresa de encuestas) y «a los afectados (se entiende que a los encuestados) y comunicar la resolución al Defensor del Pueblo.

«Esperábamos algo así»

A pesar de la tibieza de la propuesta, ni siquiera esto satisface al ayuntamiento. Y especialmente al edil de Cultura Festiva Pere Fuset -sobre quien recayeron las críticas- anunció ayer que harán efectivas las alegaciones (necesarias antes de que la resolución sea firme) y mantuvo la tesis de que hay razones políticas detrás.

Ayer contestó a esta propuesta asegurando que «esperábamos una resolución así por que aunque ni es firme ni comporta sanción y mucho menos económica, los expertos de protección de datos consultados ya advirtieron que ven en la actuación una clara motivación política. Se busca simplemente un titular negativo».

El argumento principal será que el ayuntamiento nunca ha tenido en su poder la base de datos con la contestación de cada encuestado ni sobre las cuestiones ideológicas o de religión ni ninguna otra. «Si no hay motivación política no se entiende que se le requiera al Ayuntamiento por unos datos que la empresa contratada, de reconocida trayectoria en estudios sociológicos, nunca facilitó y ni siquiera ha sido requerida». Este argumento se complementa con el hecho de no entender por qué, en ese caso, no se aplica el consentimiento «expreso y por escrito» en los sondeos de opinión de materia política que se hacen habitualmente.

El trasfondo político se fundamentó de origen en el hecho de que la directora de la agencia, Mar España, fue alto cargo en el gobierno de Castilla-La Mancha bajo la presidencia de Dolores de Cospedal. Fuset considera en ese sentido que «estamos ante un nuevo abuso de poder político del PP, ejecutado por quien fuera mano derecha de Cospedal y ahora al frente de esta oficina gubernamental.

"El enésimo intento del PP por usar las fallas para generar crispación política coincide una vez mas con una fecha clave para la fiesta. No vamos a tolerar este nuevo abuso y previa consulta urgente a los servicios jurídicos no solo alegaremos sino que estudiaremos acciones legales ante la justicia ordinaria para denunciar esta situación surrealista y frenar el acoso y derribo del PP al ayuntamiento a costa de la fiesta. La maquina del fango no puede manchar mas ni la imagen de las instituciones que se le escapan a su poder ni la trayectoria de empresas que realizan un trabajo con profesionalidad acreditada».