A sus 87 años, Miguel Cuenca Zarzoso ha conseguido derrotar a las máxima instancias de la justicia española por la contaminación acústica generada por los bares, pubs y discotecas de la plaza Xúquer hace más de 20 años.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en una sentencia publicada ayer, ha condenado a España a indemnizar con 13.671 euros a este vecino del barrio de San José (oficialmente conocido como Vega Baixa). La decisión de Europa supone además un varapalo para el Ayuntamiento de València, que rechazó los argumentos del demandante por «silencio administrativo».
La histórica victoria de Miguel Cuenca tiene un precedente: en 2004 otra vecina de Xúquer, Pilar Moreno, consiguió idéntica sentencia de Estrasburgo contra el Estado español.
En aquella ocasión fue indemnizada con 8.384 euros. Pilar tiene ahora 69 años. Los dos, gracias a su perseverancia, han demostrado la responsabilidad del Ayuntamiento de València -en primera instancia- y del Estado por no garantizar el derecho al descanso de los vecinos.
La última resolución de Europa llega con un barrio que ya nada tiene que ver con aquel que entre mediados de los años 70 del pasado siglo hasta bien entrado el nuevo milenio fue imposible conciliar el sueño por el ruido del ocio nocturno. Y eso que en 1997 el consistorio declaró en aquellas calles la primera Zona Acústicamente Saturada (ZAS).
Miguel fue designado en 1994 presidente de la AVV Barrio de San José, pero su caso era idéntico al de cientos de vecinos de Xúquer. Vivía y vive en un cuarto piso, pero los niveles de ruido eran insoportables, hasta el punto de tener que acometer una profunda reforma en su casa para sustituir las ventanas y un cuadro diagnosticado de ansiedad.
Larga batalla legal
En 1999 comenzó su batalla legal. Primero contra el Ayuntamiento, al que reclamaba una indemnización por las obras realizadas en su casa y por el grave perjuicio a su salud. Se basó en que el consistorio no garantizaba el artículo 15 (derecho a la vida y la integridad física) y el artículo 18 (derecho a la privacidad e inviolabilidad del hogar) de la Constitución .
El consistorio obvió sus quejas y Miguel se dirigió al Tribunal Superior de Justicia de València, al que aportó varios informes, dos resoluciones del propio consistorio, uno de un profesor universitario -los tres demostraban claramente que se superaban los decibelios permitidos- y otro informe médico que consideraba que había una relación de causa-efecto entre la contaminación acústica y su ansiedad. Pese a todo, en 2003 el TSJCV desestimó su denuncia.
Entonces elevó su queja al Constitucional, que en primer lugar desestimó su recurso, pero tras la sentencia favorable de Estrasburgo que logró Pilar Moreno en 2004, readmitió el recurso. En 2011 volvió a tumbarlo porque consideraba que ambos casos no eran iguales.
Miguel no cesó en su empeño y como Pilar acudió al Tribunal de Derechos Humanos, que ayer le dio la razón. En la sentencia determina que se ha violado el artículo 8 del Convenio Europeo de Protección de Derechos Humanos relativo al respeto a la vida familiar y privada de Miguel y acusa al Ayuntamiento de no tomar las medidas adecuadas para frenar este nivel de ruido. Además, le da la razón en que vivió en un área «indiscutiblemente sujeta a disturbios nocturnos», lo que afectó a su vida, especialmente los fines de semana.
Además del informe médico aportado por Miguel, Estrasburgo también ordenó un examen médico que concluyó que el ruido había alterado sus horas de descanso. El ayuntamiento mantenía que no quedó probado que este vecino sufriera el nivel de ruido denunciando ante Europa, ya que el ruido ambiental se percibe de forma diferente en cada hogar. Además mostró su compromiso porque se cumpliera la Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones.
El consistorio incumplió
La resolución recuerda que, a pesar de que el Ayuntamiento de València acordó en 1983 no otorgar más licencias para bares en esta zona, la medida «nunca se implementó» y continuaron abriéndose locales en el barrio.
Además, en 1993 la Universidad Politécnica de València concluyó en un estudio que en el barrio de San José los niveles de ruido nocturno estaban notablemente por encima de lo permitido por la legislación.
