El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha reclamado «medidas contundentes y efectivas» contra los ruidos y el botellón tras tramitar en 2017 un total de 804 quejas por contaminación acústica como consecuencia de los ruidos procedentes de bares, terrazas, botellones, discotecas, fábricas, maquinaria, tráfico de vehículos, estaciones de tren, aeropuertos, casales falleros, barracas, carpas de fiestas, campanarios o vecinos colindantes.
Esta recomendación se produce, además, justo cuando se ha conocido una sentencia del Tribunal de Estrasburgo que condena a España a pagar 13.000 euros a un vecino del barrio de San José por el ruido que causaba el ocio nocturno en la Plaza de Xúquer.
A juicio del Síndic, el ruido constituye uno de los motivos más importantes de quejas de los ciudadanos, hasta el punto de que han sido 74 las resoluciones emitidas por la institución recomendando a las administraciones adoptar todas las medidas protectoras que sean necesarias para paliar el impacto que provocan los ruidos.
Se trata, además, de dictámenes que «están en total sintonía con los pronunciamientos de los tribunales de justicia españoles así como con la última sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de 16 de enero de 2018» a la que antes hacíamos referencia.
El Síndic advierte, por tanto, de que «la pasividad municipal ante los efectos perjudiciales para la salud provocados por la contaminación acústica puede generar la responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal», con la consiguiente obligación de indemnizar los daños y perjuicios (físicos, psicológicos y morales) que se les pudiera causar a los vecinos afectados.
Sobre este aspecto, el Síndic recuerda que los ayuntamientos tiene herramientas para sancionar locales, y considera que la Administración «debe ser más activa y eficaz en el cumplimiento de las medidas correctoras exigidas», ya que «los ciudadanos a menudo se dirigen al Síndic denunciando el incumplimiento de las órdenes de cese de actividad».
Ribó pide colaboración
Por su parte, el alcalde, Joan Ribó, dijo que el consistorio está trabajando «para que la gente pueda disfrutar, cenar o tomarse una copa en una terraza sin causar molestias por contaminación acústica».
Sobre la sentencia del Tribunal de Estrasburgo el alcalde recordó que este caso «empezó hace 20 años» y precisó que la zona en la que vive el denunciante ya es una Zona Acústicamente Saturada.
«Lucharemos para conjugar el derecho de las personas a dormir y nuestro clima y la vida en la calle. Las dos cosas son importantes, por lo que todos hemos de colaborar», agregó.
