Rosa Albert señaló que el informe hace referencia también a prácticas poco recomendables como el fraccionamiento en la contratación y el reconocimiento extrajudicial. «Nos preocupan estas prácticas puesto que como el propio informe dice, no facilitan la transparencia, un objetivo que debería marcar la actuación de cualquier gobierno», declaró. La coordinadora de EUPV en València calificó como preocupante el hecho que se hayan realizado servicios sin prestación contractual o sin cobertura legal, así como algunos gastos que han generado unas obligaciones de gasto superiores al importe del crédito autorizado.