El Ayuntamiento de València cerró el año 2017 con un superávit de 62,2 millones de euros, 21 más que el año pasado, cuando esa cifra fue de 41 millones. Así lo confirmó ayer el alcalde de València, Joan Ribó, que atribuyó estos buenos resultados a una mejor recaudación de impuestos y multas y pidió mayor flexibilidad del gobierno central para poder gastarlo de inmediato y en proyectos que decida el propio consistorio.

Ribó explicó que la ejecución presupuestaria «ha sido muy buena» en todos los capítulos (la oposición le afea haber dejado el capítulo de inversiones en un 53 %) y que este remanente de tesorería se debe a que «la gestión de ingresos ha funcionado mejor», fundamentalmente en asuntos como el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que «se paga como dice la ley»; un mayor control del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), y «porque estamos gestionando el tema de las multas de una manera más eficaz».

Y existe este superávit, denunció Ribó, pese a que «València es la gran capital de España que tiene unos ingresos per cápita más bajos». «Si se mejoran los ingresos es gracias a una buena gestión», recalcó el alcalde.

Lo que aún no está claro es cómo y cuándo se van a gastar estos 62 millones de superávit. Ribó confirmó que las expropiaciones serán el principal capítulo (16 millones en principio), y habló también de inversiones plurianuales como la reforma de la Plaza de la Reina, pero el conjunto dependerá, dijo, de las negociaciones que se abran con el Ministerio de Hacienda, que ya se ha comprometido a flexibilizar lo que se denominan inversiones económicamente sostenibles. En la actualidad no es posible, por ejemplo, invertir en un centro escolar, porque eso significa que luego habrá que contratar profesores etc., lamentó Ribó.

No se fía de Montoro

Del Ministerio de Hacienda también depende el momento en que se puede empezar a gastar este dinero, pues en la actualidad es necesario que se aprueben primero los Presupuestos Generales del Estado. Aunque el ministro Cristóbal Montoro se ha comprometido con los ayuntamientos a sacar un decreto este mismo mes de marzo para dar vía libre a ese gasto, Ribó asegura que hasta que no lo vea no lo creerá.

Así pues, el alcalde insistió en que sigue adelante su idea de pedir un crédito de 25 millones de euros para pagar de inmediato algunas de las inversiones que se pagarían con el dinero del superávit, entre ellas las expropiaciones, que tienen un interés de demora más alto que el crédito.

«Nosotros vamos a seguir con el préstamo porque, entre pitos y flautas, el año pasado no pudimos gastar el remanente hasta el mes de septiembre, cuando ya no quedaba tiempo para utilizarlo», dijo el alcalde.