El grupo municipal de València en Comú, socios del Govern de la Nau con Compromís y el PSPV, insistió ayer en un duro comunicado en su rechazo al futuro hotel previsto en la Marina de València, junto a la antigua estación marítima, cuya licitación aprobó el lunes el consejo rector del Consorcio València 2007, calificándolo de «elemento volumétricamente aberrante» y advirtiendo de que tendrá «un impacto paisajístico y urbanístico inaceptable».

València en Comú, cuya portavoz, la arquitecta María Oliver, fue la única vocal del consejo que votó en contra del hotel, advirtió de que una vez expire la vigencia del Consorcio, prevista en 2034, la explotación del hotel pasará a manos de la Autoridad Portuaria.

Ni Compromís ni el PSPV quisieron valorar ayer oficialmente las declaraciones de sus socios de gobierno de València en Comú, que han abierto una nueva crisis en el Govern de la Nau, donde han sido notorias las diferencias con la marca blanca de Podemos, que hace unos meses tumbó la ubicación de la Universidad Europea en el Cabanyal y que ahora se ha plantado frente a la construcción del hotel de la marina, una de las apuestas de la nueva estrategia impulsada por el Consorcio.

La negativa de València en Comú abre una vía de agua en la estrategia de los actuales gestores de la marina, con Vicent Llorens al frente, que insisten en que el diseño del hotel está por definir, ya que la edificabilidad puede concentrarse en altura o repartirse de otro modo.

En todo caso, el hotel, que también incluirá usos mixtos y espacios para oficinas, tendrá un diseño «sostenible» y será sometido a un proceso de participación ciudadana. «No va a ser un hotel para dar el pelotazo», subrayan.

El nuevo plan de usos, aprobado el pasado lunes, contempla nuevas concesiones y espacios lucrativos que aumentarán los ingresos del consorcio, desde el hotel hasta la privatización de la gestión de los amarres pasando por la reurbanización del entorno del Tinglado 2 que revalorizará este espacio generando unos retornos cercanos a los 300.000 euros al año.

María Oliver insistió ayer en que el hotel se pretende construir en unos terrenos que son propiedad del puerto y que en 2013 fueron cedidos al Ayuntamiento de València siempre y cuando se destinaran a un fin de interés público, considerado como tal cualquier explotación privada que permitiera el pago de la deuda.

Por tanto, remachó Oliver «si esos terrenos se destinan a la construcción de un hotel, cuando se acabe de pagar la deuda ilegítima, o esta sea condonada, que es por otra parte lo que pide el ayuntamiento, esos terrenos volverán a ser de la autoridad portuaria, ya que el interés público habría desaparecido y los beneficios generados por el hotel corresponderían a la Autoridad Portuaria». Oliver recalcó ayer que los beneficios del hotel no permitirán «ni remotamente» cubrir la deuda.