El consejo rector del Consorcio València 2007, entidad gestora de la Marina de València, aprobó ayer la nueva estrategia o plan de usos de este espacio que aspira a convertirse en distrito de la innovación y donde están previstos, entre otros elementos lucrativos, un hotel de hasta 30 alturas.
La licitación del hotel, que reportará 350.000 euros de ingresos por canon al consorcio, se aprobó ayer con el voto en contra de la concejala de Patrimonio y portavoz de València en Comú, María Oliver, quien desde un primer momento ha cuestionado esta infraestructura hotelera en la Marina.
A su juicio, el ayuntamiento no debería licitar en un suelo cedido a la ciudad para uso público un espacio lucrativo como es el hotel, cuyo plazo de concesión (50-75 años) excede los 30 años de vida del propio Consorcio y que, a la larga, acabará siendo gestionado por la Autoridad Portuaria.
Pese a sus reticencias, ha sido el departamento de Oliver el que ha tenido que elaborar, por delegación del Consorcio y con objeto de alargar el plazo de la concesión, los pliegos del futuro hotel.
El hotel ha sido criticado por su impacto paisajístico por los vecinos, aplaudido por los urbanistas y justificado, en todo caso, por los nuevos gestores de la marina por la necesidad de obtener ingresos con los que hacer frente a una deuda con el ICO por las obras de la Copa del América que se sitúa ya en 465 millones de euros y sobre la que ayer se pasó de puntillas en el consejo rector.
En relación al hotel el alcalde, Joan Ribo, de Compromís, destacó que debe ser «un edificio de soluciones sostenibles, integrado arquitectónicamente en el espacio de Marina y que libere suficiente espacio público». La Generalitat destacó que el hotel «contribuirá al impulso de la Marina como distrito de la innovación, puesto que en él se incluirán espacios para alquiler de oficinas a empresas y lugares de coworking, así como locales comerciales».
Oliver, que asistía por primera vez como consejera a una sesión del consorcio, no solo votó en contra del hotel que sí defienden sus socios de Compromís y PSPV en el Govern de la Nau, también se abstuvo en la mayoría de los puntos del orden del día, incluido el nuevo plan de usos, impulsado por el nuevo equipo director del consorcio con Vicent Llorens al frente, dejando así en evidencia su disconformidad con el nuevo modelo de gestión de este espacio.
Al consejo rector, que no se reunía físicamente desde 2013, asistieron representantes de las tres administraciones consorciadas, encabezadas por el alcalde de València y presidente del organismo, Joan Ribó; el vicepresidente segundo y conseller de Hacienda, Vicent Soler, y la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Belén Navarro, en representación del gobierno estatal.
La financiación de la reurbanización del entorno del Tinglado 2 dio pie a un nuevo desencuentro entre las administraciones valencianas y el Gobierno, que ayer se negó a asumir parte del coste de esta intervención de mejora urbana presupuestada en 1,4 millones de euros como reclamaron Soler y Ribó. El Gobierno argumentó que el orden del día pactado en la comisión previa al consejo dejaba claro que la reurbanización del Tinglado sería sufragada por la Generalitat y el Ayuntamiento.
Tras la reunión el conseller insistió en que la marina es cosa de las tres administraciones y reprochó al Gobierno la falta de «pasión» por este enclave estratégico de València. «La marina puede volar si no le ponen plomo en las alas», dijo Soler. Ribó, por su parte, explicó que las administraciones valencianas asumirán esta obra por su carácter prioritario para la marina y destacó en términos generales como positiva la reunión.
