14 de marzo de 2018
14.03.2018

El Síndic ya amonestó al gobierno de Barberá por los contratos fraccionados

Las auditorías municipales también alertaron contra el abuso de los contratos «a dedo» sin publicidad no avalados por la urgencia

14.03.2018 | 10:49
El Síndic ya amonestó al gobierno de Barberá por los contratos fraccionados

El recurso al fraccionamiento de contratos para sortear la concurrencia pública ha puesto bajo sospecha la gestión del Govern de la Nau, en concreto, del concejal de Fiestas, Pere Fuset. La práctica, sin embargo, no es nueva. El anterior gobierno del PP, el partido que ahora, desde la oposición, se ha convertido en azote de Fuset por sus contratos a dedo, fue amonestado reiteradamente por este mismo motivo en las auditorias anuales de la Intervención del Ayuntamiento de València. Incluso la Sindicatura de Comptes en su informe de 2015, que puso el foco en los últimos años del gobierno de Rita Barberá, señaló el fraccionamiento de contratos como uno de los puntos negros.

La Sindicatura en su informe de 2015 (que fue enmendado en parte tras las alegaciones presentadas por el PP) detectó gastos por importe de 2,6 millones de euros cuyo objeto se fraccionó para adjudicarse sin concurrencia pública como exige la ley de Contratos. La sindicatura señaló además anomalías graves en los gastos de Alcadía, advirtierndo de la existencia de facturas duplicadas de los escoltas y de gastos de restauración donde «no aparecen asistentes, ni motivo del evento ni forma de pago».

El actual alcalde, Joan Ribó, al que ahora toca dar la cara por la gestión de Fuset, no dudó en llevar a la Fiscalía gastos en viajes y regalos de Rita Barberá, el denominado caso Ritaleaks (finalmente archivado). Este y otros escándalos forzaron al gobierno del PP a aprobar en abril de 2015, un mes antes de las elecciones municipales, la puesta en marcha del portal de Transparencia del Ayuntamiento de València, donde se puede acceder a la información sobre los contratos y licitaciones, así como sueldos de los políticos y gastos del alcalde y los grupos municipales.

El informe de la Sindicatura de Comptes de 2015 puso el foco sobre los procedimientos no ajustados a la legalidad en los contratos y convenios de servicios como la teleasistencia, el salvamento de las playas, la ORA o el mantenimiento de las fuentes.

La Sindicatura de Comptes no es el único organismo de control que ha alertado de las anomalías en la contratación del Ayuntamiento de València. Las auditorias de ingresos y gastos de la Intervención General del ayuntamiento han llamado la atención año tras año sobre el abuso de los contratos menores, un procedimiento de carácter excepcional y urgente que con el argumento de agilizar la gestión municipal se ha convertido en práctica habitual. Llamativa es en este sentido, la auditoria de 2010 que advirtió de que el 37% del gasto presupuestario en el ayuntamiento de València se hacía al margen de la legalidad.

El principal reparo significativo o severo del interventor fueron las contrataciones sin cobertura presupuestaria, ni fiscalización previa y con ausencia de concurso público. La Concejalía de Fiestas ha sido y es una de las áreas donde más se echa mano del fraccionamiento del gasto.

La reforma de la ley de Contratos de la Administración endurece el control con este tipo de contratos al rebajar la cuantía de los contratos de servicios de 18.000 a 15.000 euros y de 50.000 a 40.000 los de obras. Está por ver si estos cambios se traducirán en contratos más ajustados a los criterios de igualdad y libre concurrencia y evitan que los contratos menores se conviertan en mecanismos para favorecer a empresas afines.

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