La ampliación del tercer carril de la V-21, anunciado por el ministerio de Fomento hace unos días, indignará a unas personas, pasará como tantas otras noticias por otras y hará reflexionar a más de uno. Pero afecta, de forma irreversible, a aquellos que poseen tierras o propiedades en los terrenos que se van a expropiar por la creación de ese carril. Uno de ellos es Lluís Fontelles y sus terrenos se sitúan en la huerta de Alboraya. Allí, su familia vivió en una antigua Alquería y también fabricó pan en un horno ya en desuso, pero que también es una construcción representativa de este territorio valenciano tan característico. Ambos desaparecerán si se lleva a cabo la ampliación, así como sus huertas, que ahora trabaja, bajo arrendamiento, un familiar.

«No se nos ha comunicado nunca nada en su debido momento, ni por parte del ayuntamiento de Alboraya, ni por parte del Consell o el ministerio de Fomento». Él lamenta que su consistorio «nunca propició el debate» sino que fue debido «a la presión popular» cuando empezó a posicionarse en contra, pero «demasiado tarde y sin la contundencia necesaria».

Fontelles se siente decepcionado de todas las administraciones y asevera que tan solo Valencia en Comú u organizaciones ecologistas como Per l'Horta «se han mostrado siempre en contra y han intentado paralizarlo». El resto de formaciones políticas, para él, «no han estado a la altura». Éste afectado expone que ya en 2014, cuando estaba en el gobierno el Partido Popular, «la oposición podría haber hecho algo, pero no lo hizo». Luego, ya en el gobierno, partidos como Psoe o Compromís «tuvieron más tiempo para hacer frente en común, pero tampoco lo hicieron. Los primeros giraron la cara y los segundos hicieron alguna crítica, pero sin el peso suficiente para que se tomara en cuenta», lamenta.

Él reclama que no ha existido «un proceso público de alegaciones». También critica que «la ley d'Horta se ha aprobado con mucho esfuerzo, pero luego nos encontramos con una infraestructura que no contribuirá en ningún beneficio a la accesibilidad». Y no entiende como si «se está apostando por una movilidad diferente, ahora se opte por ampliar para que haya más coches entrando a la ciudad».

Fontelles, que es experto en catastro, asevera que «hace falta una manera de trabajar sobre el tema de infraestructuras y planificación territorial diferente». Y deja claro que «tenemos que decir nosotros a Madrid lo que consideramos que es mejor. No que nos lo impongan desde allí».

Tal y como hacía hace unos días el portavoz de la asociación Per l'Horta, Josep Gavaldà, Fontelles lamenta que esto parezca que sea «una imposición para justificar que se hacen inversiones en la Comunitat Valenciana desde Madrid», pero pide más reflexión y poder sentarse a hablar y exponer propuestas «más respetuosas y que busquen un modelo diferente de desarrollo».

«Hay mucho dinero y muchas cosas en juego y debemos de poder decidir y hacer valer nuestra opinión, no soportar simplemente este ataque, sin sentido, a nuestro territorio», denuncia para avanzar que esto, además, puede ser tan solo el inicio de otros proyectos similares como el AVE, el acceso norte al puerto o el, de momento, paralizado, Tercer Cinturón de Ronda.

Él acaba con una reflexión: «Si hubiera habido voluntad política de parar este nuevo destrozo, sí se estaba a tiempo todavía para dar un golpe sobre la mesa y decirle no a Madrid. Eso sí que hubiese sido una buena noticia».