El Grup Municipal Compromís considera que es el momento de aumentar las medidas de control sobre los apartamentos turísticos en la ciudad y, en especial, sobre las plataformas intermediarias que los ofrecen. El principal partido del Govern de la Nau observa «con mucha preocupación» que la presión de algunos propietarios de inmuebles destinados a esta actividad comercial «está suponiendo la expulsión de muchos vecinos de barrios históricos», como El Carme, Russafa e incluso El Cabanyal y que ha llegado el momento de «regular con firmeza» este asunto «para que no explote un problema creciente», afirman desde la formación política.
La iniciativa de Compromís se produce después de que intentara en el último Pleno que sus socios (PSPV y València en Comú) incluyeran enmiendas sobre los apartamientos turísticos en una moción sobre la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos. En especial, el partido de Joan Ribó trató de arrancar un compromiso al PSPV de poner en marcha medidas de control sobre los inmuebles destinados al turismo, ya que los socialistas tienen las competencias en esta materia. Sin embargo, las propuestas de la formación valencianista no se incluyeron finalmente en el texto.
València en Comú, impulsor de la moción sobre alquileres, justifica que no se añadieron «porque se mezclaban conceptos», ya que el problema del encarecimiento de los arrendamientos urbanos tiene una de sus causas en los apartamentos turísticos «pero no es el principal». «Por ello se acordó que tenía más fuerza la moción sin esas enmiendas», señalan fuentes de la formación morada.
Sin embargo, València en Comú asegura que el problema de los apartamentos turísticos «es de capital importancia y que merece lanzar una moción ex profeso sobre ella». «Consideramos que están contribuyendo al desplazamiento de los vecinos de la ciudad y a la gentrificación de algunos barrios, por lo que debe tratarse este asunto cuanto antes», inciden.
Entonces, ¿por qué Compromís incluyó la cuestión de los apartamentos turísticos? Desde la formación valencianista buscaban que el PSPV se significase sobre este asunto en el que los socialistas tienen la competencia municipal y autonómica, al ser titulares de las correspondientes carteras de turismo. El partido que dirige Sandra Gómez en el «cap i casal» pidió, según Compromís, retirar las referencias que instaban a la Generalitat a actuar con una serie de medidas propuestas.
Compromís aceptó la retirada de sus enmiendas, aunque su maniobra evidencia que tratan ya de marcar un discurso diferenciado ante la cita en las urnas del próximo año. Es decir, se suman a la estrategia que ya han iniciado hace un tiempo tanto PSPV como València en Comú. Todos buscan arañar votos en un espacio electoral en ocasiones compartido.
En el fondo de la cuestión, Compromís considera que se ha de actuar con más decisión en el capítulo de los apartamentos turísticos antes de que el problema le explote al gobierno municipal. Ya hace meses que plataformas vecinales de Ciutat Vella, l'Eixample o Poblats Marítims vienen denunciando los abusos de los propietarios de negocios y la «expulsión» de vecinos. El colectivo Entrebarris lidera la oposición a las viviendas turísticas.
Compromís proponía, al igual que ha hecho en las enmiendas que ha presentado al Proyecto de Ley de Turismo, que la Generalitat desarrolle «los instrumentos legales oportunos» a través de la futura norma «para reducir al máximo el impacto negativo que el fenómeno de los apartamentos turísticos tiene sobre el precio de los alquileres».
La formación que lidera Ribó pide que se establezcan «obligaciones para las plataformas intermediarias que tendrán que facilitar información a las instituciones públicas sobre los pisos que oferten, así como el número de días, que al superar los 45 al año tendrán que quedar regulados y cumplir una serie de requisitos establecidos por las diferentes administraciones competentes».
Estos requisitos estiman que deberían ser la inscripción en los registros pertinentes, cumplir unas normas de seguridad y salubridad, contratar seguros; tener certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias; y una declaración de cumplir con la calificación urbanística necesaria para desarrollar la actividad en el municipio. En el caso de apartamentos y viviendas de uso turístico, Compromís además propone un protocolo de atención al vecindario en caso de conflicto.
Considera, además, que reducir el impacto negativo de los apartamentos turísticos también se conseguiría «permitiendo a los municipios elaborar Planes de Ordenación de los Recursos Turísticos, para tener capacidad reguladora al delimitar zonas y ámbitos turísticos y de protección, delimitar los recursos turísticos, establecer la densidad global máxima de población, plazas de alojamiento totales, y fijar el tamaño y las características».
