La gerente de la Autoridad del Transporte Metropolitano de València (ATMV), María Pérez Herrero, junto al director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, Carlos Domingo, y medio centenar de alcaldes del área metropolitana, entre los que se encuentran Joan Ribó de València (Compromís), Carlos Fernández Bielsa de Mislata (PSPV), Ricard Barberà de Xirivella, el de Massanassa, Vicente Pastor (PP) y su teniente alcalde, Paco Comes, Ferran Baixauli (Sedaví), Eva Sanz (Benetússer), Eva Zamora (Alcàsser), Jesús Borràs (Manises), Luisa Pastor (el Puig), Vicente Zaragozà (Silla), Robert Raga (Riba-roja), Eva Sanchis (Godella), Conxa García (Picassent), Juan Antonio Sagredo (Paterna), Enric Palanca (Pobla de Farnals), Fran López (Rafelbunyol), Guillermo Luján (Aldaia), Elvira García (Alaquàs), Isabel Martín (Paiporta), Ramón Puchades (Almàssera), Miguel Chavarría (Alboraia) o José Vicente Andreu (Albuixech), han registrado esta mañana una Declaración Institucional en el ministerio de Hacienda para exigir al ministro Cristóbal Montoro que "rectifique e incorpore una dotación económica de 38 millones de euros para la Autoridad del Transporte Metropolitano de València en los Presupuestos Generales de 2018".
Así, María Pérez ha apuntado a las puertas del ministerio que el proyecto de los PGE 2018 "ha resultado totalmente decepcionante porque no contemplan ninguna partida para el transporte de la tercera área metropolitana más importante de España" y ha incidido en que "es tremedanmente injusto que el Gobierno Central excluya a casi 2 millones de habitantes y se les niege el derecho a tener un transporte metropolitano de calidad como sí se les concede a otras ciudades".
Por ello, la gerente de la ATMV ha señalado que los valencianos y valencianas y los vecinos de los municipios de su área metropolitana "tienen los mismos derechos que los madrileños, catalanes o canarios" y ha incidido en que "la asuencia de una financiación adecuada repercutirá directamente en la calidad de vida de los ciudadanos e impedirá una mayor eficiencia de las políticas de movilidad, el ahorro energético o la reducción de la contaminación en la zona".
Desde la dirección general de Obras Públicas, Carlos Domingo, también ha querido remarcar que desde 2011 el área metropolitana ha dejado de recibir más de 300 millones de euros en subvenciones del Estado para nuestro transporte público, una situación que, tal y como ha señalado "contrasta con los grandes avances que en materia de transporte y movilidad ha desarrollado tanto la Generalitat como los municipios en los últimos dos años, detancando la creación de la ATMV, la redacción de los Planes de Movilidad Sostenible y la puesta en marcha de la reordenación del Mapa Concesional del Transporte". Por ello, Carlos Domingo ha incidido en que "no está justificado que la tecera área metropolitana de España quede al margen de la financiación estatal para las áreas metropolitanas mientras Madrid recibirá 127 millones en 2018, Barcelona 109 millones y Canarias 48 millones.
Reunión con Montoro el próximo 27 de abril
María Pérez ha denunciado que "nadie del Ministerio nos haya recibido hoy como habíamos solicitado" y ha lamentado que "después de la presión de la conselleria y de todos los alcaldes y alcaldesas del área metropolitana, así como nuestra decisión de trasladarnos a Madrid para expresar nuestro malestar y solicitar las explicaciones oportunas, el ministerio solo haya accedido a una reunión el día 27 cuando ya prácticamente se está fuera de plazo para la presentación de las enmiendas correspondientes".
Para la gerenre de la ATMV esta respuesta llega "mal y tarde porque el día 27 es el último día que los grupos parlamentarios tienen de plazo para presentar las enmiendas a los Presupuestos Generales de 2018 "lo que refleja la nula voluntad del Gobierno de España de colaborar para que en la tramitación parlamentaria se revierta este agravio comparativo que padece el área metropolitana de València" al tiempo que ha calificado de "incomprensible" que el ministerio además pretenda justificar la ausencia de financiación a la ATMV al asegurar en su misiva "la posibilidad de que los municipios participen mediante concurrencia competitiva en el fondo de 51 millones que el Estado prevé para financiar el transporte de los municipios de más de 50.000 habitantes en la ley de las Haciendas locales" "Mientras que para las Autoridades Metropolitanas los fondos son de más de 285 millones por concesión directa, que es como se financia el transporte de las áreas de Barcelona, Madrid o Canarias, el ministerio nos remite a que los municipios de más de 50.000 habitantea se adhieran, para obtener financiación, a la partida por concurrencia competitiva dotada con 58 millones para toda España", ha denunciado la gerente de la ATMV quien además ha puntualizado que "hasta finales de año no pueden acogerse a esta subvención y además financia el transporte del municipio concreto pero no el del área metropolitana de la que forma parte".
Además, Pérez ha reiterado que son dos mecanismo de financiación que "no son incompatibles" y ha puesto como ejemplo Barcelona "que recibe un total de 103 millones para su autoridad del transporte al tiempo que algunos de los municipios de su área metropolitana que se acogen también al plan de Haciendas Locales". Por ello ha pedido al gobierno que no "intente justificar la ausencia de financiación emplazando a una posible subvención que en ningún caso cubrirá las necesidades del área metropolitana de València"
La voz de 2 millones de habitantes no puede quedar silenciada
Por su parte, tanto el alcalde de València, Joan Ribó, como el alcalde de Mislata y presidente de la Mancomunidad de l´Horta Sud, Carlos Fernández Bielsa, han coincidido en señalar que los responsables municipales que se han trasladado a Madrid representan a más de 2 millones de habitantes del área metropolitana que no merecen unos presupuestos tremendamente injustos y que los discriminan frente a otras áreas de España". Por ello, ambos responsables han insistido en que es necesaria lan"rectificación inmediata del Gobierno de España y que no se nos invite sólo cuando el proceso haya llegado a su fin y no haya alternativa".
