Dos de los socios de gobierno, tanto en la ciudad como en la Comunitat Valenciana, el PSPV y Compromís, se enzarzaron ayer a cuenta de la Renta Valenciana de Inclusión, la ayuda que, desde el gobierno autonómico y canalizada por los ayuntamientos, pretende ayudar a hacer más llevadera la vida cotidiana de las personas con recursos limitados.

La trifulca empezó a raíz de una noticia difundida por el Partido Socialista en la ciudad, en la que su portavoz, Borja Sanjuán, informaba que iban a convertir sus sedes de distrito en puntos de asesoría para aquellas personas susceptibles de cobrar estas ayudas. En concreto, se anunciaba que pasarían a ser «puntos para que la gente que quiera informarse sobre si tiene derecho a pedir esta renta, pueda hacerlo, o simplemente que quiera que le ayudemos a tramitarla y pueda encontrar el asesoramiento que necesita». Todo ello, recordando que la nueva Renta es «una medida del Consell de Ximo Puig», recalcando que «los socialistas no solamente hemos impulsado la Renta de Inclusión sino que, además, queremos acompañar a los vecinos y vecinas de la ciudad en este proceso de solicitud, que al principio puede ser dificultoso».

En Compromís (partido que es titular de la consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, desde donde se canaliza el proceso) esto no sentó bien. La titular de dicho departamento, Mónica Oltra, cargó duramente: «este tipo de cosas las hacen los partidos ultras para generar pleitesías aprovechándose de la necesidad de la gente. La Renta de Inclusión la tramitan los profesionales cualificados de los servicios sociales».

Le secundó el secretario autonómico Alberto Ibáñez, que establecía un símil con el reparto de comida de grupos de ultraderecha.

«Creo que te has equivocado de enlace, Alberto» le respondía el responsable de redes sociales de Presidencia de la Generalitat, el socialista Marc Bellvis.

«Estoy preocupado, unos ocupan sedes para dar pescado y otros quieren dar las cañas (renta valenciana). Yo confío en el sistema público y su personal» le contestó Alberto Ibáñez. Dicho de otra forma, consideraban la iniciativa socialista como una forma de ganar favores ante un posible electorado. Ante el asombro de Bellvis de utilizar la palabra «neofascistas», Ibáñez le completó que «unos (son) neofascistas y otros copiáis las fórmulas que confunden institución y partido para hacer una intervención que ha de ser pública (...) Esto acaba convirtiéndose en percepción de favores». No le convenció a Bellvís. «¿Ayudar es neofascista?». La réplica del secretario autonómico: «Veo que no quieres entender que quien ha de ayudar es el sistema público, sin carnets ni favores para no caer en populismo, caridad y redes clientelares». «No contestas. No vale perder más el tiempo» le despide Bellvís.

Y no fueron los únicos. El alcalde de Tavernes, Jordi Juan, de Compromís, criticó que «no se puede hacer un uso partidista de los servicios sociales» , mientras una trabajadora social, María Mora, decía sentir «vergüenza. Hay que ser carroñeros para aprovecharse de la necesidad de la gente», mientras que otra colega y simpatizante socialista lo veía una «muy buena iniciativa que desde nuestras agrupaciones se puedan acercar los derechos a la ciudadanía».