El Ayuntamiento de València ha desistido de su intención de solicitar un crédito de 25 millones de euros para pagar gastos e inversiones que no podía afrontar porque el Gobierno no les permitiera utilizar el superávit del año pasado, que era de 64 millones de euros. Una vez anunciado ese desbloqueo y hecho público el decreto del Ministerio de Hacienda que liberar ese gasto sin esperar a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el gobierno municipal no sólo renuncia a ese crédito sino que ha aprobado un programa de gasto a cuenta de ese superávit que incluye 6 millones para amortización de deuda.
En realidad, este crédito era primero una necesidad y después una cuestión de confianza. El año pasado el Ayuntamiento de València cerró sus cuentas con un remanente de tesorería, es decir, superávit en metálico, de 64 millones de euros, pero no podía disponer de ese dinero porque el Gobierno de España no permite gastarlo hasta la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Como este año esa aprobación se había complicado y no tenía visos de hacerse realidad, el consistorio anunció la petición de un crédito puente para afrontar gastos urgentes y luego devolverlo cuando se desbloqueara el superávit. Incluso cuando el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció que desbloquearía ese dinero mediante un decreto ley, el ayuntamiento valenciano expreso su desconfianza en el ministro y mantuvo su intención de pedir el crédito. Pero cuando a finales del mes de marzo ese decreto vio la luz, el consistorio revisó sus intenciones y ahora el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, asegura que esa idea ha quedado aparcada.
Programa de gasto
Es más, el pasado viernes se aprobó en la Junta de Gobierno Local el marco global para gastar los 64 millones del superávit y se incluyen 6 millones para amortizar deuda. Es decir, se ha pasado de pedir un crédito a amortizar préstamos.
En el desglose de esos 64,7 millones de euros se destinan 15,6 millones para Inversiones Financieramente Sostenibles, entre las que hay 4 millones para la urbanización de los barrios, 5 millones para la adquisición de autobuses de la EMT, 1 millón para Deportes, 800.000 euros para el nuevo rastro, 650.000 euros para reforma de centros de mayores y 500.000 euros para la Policía Local.
Hay otra partida para el pago de expropiaciones, la mayor de todas, que se eleva a 23,5 millones de euros. Y hay otros 12,8 millones para pagar facturas atrasadas de la cuenta 413, la mayoría de las cuales también son expropiaciones, según explicó Ramón Vilar.
Finalmente, hay una partida de seis millones para la amortización de créditos en cumplimiento con el artículo 32 de la Ley Orgánica de Empresas Pública (LOEP), dice Vilar, quien precisa que «el programa de amortización de deuda del Ayuntamiento de València se está realizando de una manera tan escrupulosa que es posible destinar la mayor parte de este superávit a otras alternativas que recoge la Disposición Adicional Sexta».
El resto del dinero se reparte en los distintos fondos compartidos, generalmente de la Unión Europea.
El concejal de Hacienda lamentó que «la aplicación del superávit continúe constreñida por unos criterios excesivamente rígidos del Gobierno, y una vez más haya que manifestar la necesidad de recuperar la autonomía municipal para aplicar los superávits que cada ayuntamiento genera».
