El antiguo convento de Predicadores, después de Santo Domingo y desde hace 175 años sede de Capitanía General recibió el año pasado 23.172 visitas. Con esos datos y pese a que es un espacio de trabajo (sede del cuartel general terrestre de Alta Disponibilidad) y está sujeto a restricciones por motivos de seguridad, la joya del gótico valenciano es uno de los recintos patrimoniales valencianos más visitados de la campaña Palaus Transparents que puso en marcha la Generalitat y de la que forman parte 16 recintos históricos de la ciudad de València. Incluso la propia Generalitat ha puesto como ejemplo al cuartel general de alta disponibilidad por la implicación y la difusión de la campaña de Palaus Transparents puesta en marcha por el Consell en 2015 y del que forman parte, en otros, la Generalitat, el Palau dels Borja (las Corts) o el ayuntamiento.

El complejo, que el Botànic quiere desmilitarizar para que el ministerio de Defensa lo ceda a la Generalitat y se abra por completo al uso público porque dice que es poco conocido, celebra esta fin de semana una de sus dos jornadas de puertas abiertas anuales. El año pasado registró en estos dos días la visita de 9.000 personas. Fuentes oficiales apuntan que es uno de los más visitados de la ciudad, que abre dos veces por semana (bajo cita previa) y que se está avanzando para que pueda ampliarse el calendario de visitas. Y remarcan que en ningún caso se ha producido daño alguno al patrimonio, como ha denunciado Compromís en las Corts en una proposición no de ley. Apuntan las fuentes que el Patrimonio Nacional es el encargado de autorizar cualquier acción que pueda tomarse en un recinto que tiene la más alta protección ya que es bien histórico nacional. Añaden que históricamente los edificios religiosos desamortizados en el siglo XIX que el Estado retuvo son los que mejor se han conservado. Mientras, los que cayeron en manos privadas en la ciudad de València como el San Francisco, el de San José o el de Agustinos han desaparecido o están vacíos y sin uso.

Sin embargo, la diputada de Compromís María Josep Ortega cree que el Ejército debería abandonar estas instalaciones y podría ser realojado en otras dependencias militares cercanas como Bétera para que el inmueble histórico pase a un uso público pleno por parte de los valencianos. «El número de militares que hay en el recinto se cuentan con los dedos de una mano», aseguró ayer Ortega.

La diputada mantiene que en el inmueble se han producido en el pasado «graves agresiones» como pintadas con purpurina, daños en el altar o la desaparición de una talla que el Gobierno no ha tenido interés de investigar, denuncia.