27 de mayo de 2018
27.05.2018
Investigación

Antifraude investiga a Joan Ribó por una ayuda concedida a Ca Revolta

Asegura que se trata de una subvención que se asigna "tras pasar su aprobación por la Junta de Gobierno Local"

26.05.2018 | 23:04
Antifraude investiga a Joan Ribó por una ayuda concedida a Ca Revolta

La Agencia Valenciana Antifraude investiga al Ayuntamiento de València, y en concreto a su alcalde, Joan Ribó, por la concesión de una subvención directa de 10.000 euros al Centre de Recursos Just Ramírez-Ca Revolta. En un escrito remitido a finales de abril, el organismo autonómico requirió al consistorio del cap i casal que aportara la documentación relativa a las obligaciones reconocidas en concepto de ayudas otorgadas a la entidad en 2017, así como el original o la copia compulsada de los expedientes correspondientes.

Al parecer, las pesquisas se iniciaron a raíz de una denuncia «anónima» recibida por la Agencia. Precisamente, a esta, y a su carácter «anónimo» se refería ayer Joan Ribó: «Se trata de una denuncia «anónima» aunque plenamente coincidente con todas las denuncias que ha efectuado en los últimos meses el PP (y en especial uno de sus asesores imputados en el caso Taula) ante Fiscalía, Síndic de Greuges, Defensor del Pueblo y ahora, también, la Oficina Antifrau.

Por cierto, todas ellas están siendo archivadas una tras otra», comentaba el alcalde. Quien también añadía que «en este caso, no ha habido denuncia ni por la vía judicial, ni por la vía policial». Y explicaba que «se trata de unas ayudas que se conceden a entidades sociales, como el Centre Just Ramírez, Down Valencia, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, de Esclerosis Múltiple, etc».

Los hechos se remiten al 22 de diciembre de 2017. Entonces, la Junta de Gobierno Local del ayuntamiento inyectó, a raíz de un decreto firmado por el alcalde, Joan Ribó, una ayuda de 10.000 euros al colectivo.

El pago se autorizó pese al reparo de la intervención municipal, que, cuatro días antes, había hecho constar que «no se acreditan en el expediente las razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas», por las que la ayuda no se sometió a convocatoria pública.

En su defensa, Joan Ribó alude, precisamente, a que «la ayuda a estas entidades se concede tras pasar su aprobación por una Junta de Gobierno Local y contar con el informe favorable de la propia Intervención General del Ayuntamiento, la Secretaría y la asesoría jurídica».
El alcalde de la ciudad también recuerda que tras su aprobación «y a pesar de todos estos informes favorables, el PP presentó un recurso de reposición que fue desestimado». Y por ello valora que «es posible que dicha desestimación haya conducido al mismo partido denunciante a acudir a cualquier otra entidad que recoja de oficio sus múltiples denuncias, como hemos visto en otros 10 expedientes de similares características, ahora mismo en marcha».

Falta el informe definitivo
En su escrito, la Agencia Anticorrupción señaló la existencia de «indicios razonables de veracidad» en los hechos denunciados que se investigan y remarcó el deber de colaboración del ayuntamiento.

Una vez finalizadas las actuaciones de indagación, que no se pueden prolongar más de seis meses, el organismo emitirá un informe motivado de conclusiones que se trasladarán al departamento competente.

Si se determinan indicios de conductas o hechos constitutivos de posible delito, serán trasladados de forma inmediata al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial, según consta en el mismo documento remitido al consistorio.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook