El reglamento que regula la actividad arqueológica aprobado por la Conselleria de Cultura y que entró en vigor a principios de año está complicando las cosas a los promotores y ha suscitado las críticas del colectivo de arqueólogos, que advierten de que este documento, esperado desde hace dos décadas, no cubre las expectativas, de hecho, aumenta el papeleo, sin que ello mejore la protección patrimonial y dificulta la obtención de los permisos.
Los arqueólogos aseguran que el tiempo de tramitación de los permisos se ha alargado. «Si antes te daban la licencia en un mes y medio, ahora tardan tres meses». Una vez realizada la intervención arqueológica la aprobación de la memoria por parte de la conselleria «puede tardar otros tres meses». Hasta seis meses para resolver el trámite arqueológico, sin el cual los promotores no pueden conseguir la licencia de obras, lo que está paralizando muchas intervenciones en el centro histórico.
El atasco en las licencias y en la actividad promotora lo ha puesto en solfa la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de Valencia, que ha advertido de retrasos de entre 17 y 19 meses en las licencias de obras y actividad del Ayuntamiento de València.
El nuevo reglamento de arqueología establece las condiciones de custodia, traslado, entrega, depósito e investigación de los materiales arqueológicos. Su objetivo es la profesionalización de la actividad y el fomento de la actividad científica, con supervisión de la Administración. Sin embargo, los arqueólogos aseguran que sobre el terreno, el nuevo reglamento está dificultando su trabajo y no se ha redundado en un mayor control y protección del patrimonio en un momento en el que la arqueología resurge, sobre todo, en grandes ciudades como València y su centro histórico, donde los permisos arqueológicos se han triplicado en dos años como consecuencia del «boom» hotelero. El descontrol ha quedado en evidencia con la paralización de las obras en el palacete del antiguo pub de La Marxa, donde, tal como ha informado este diario, el ayuntamiento y la conselleria evalúan los daños sobre el patrimonio arqueológicos causados por las obras acometidas por un promotor hostelero sin licencia municipal ni control arqueológico.
Los arqueólogos consultados aseguran que la documentación a aportar para obtener los permisos se ha multiplicado, exigiendo ortofotos, fichas catastrales y de georreferenciación, incluso la declaración del responsable de la obra autorizando a los arqueólogos a acceder a la obra. Son documentos que no aportan información patrimonial o histórica sobre el patrimonio. «Es más burocracia», remachan los arqueólogos.
Otra de las críticas que se hace al reglamento de arqueología es que otorga a los inspectores de la Conselleria de Cultura la potestad de solicitar los informes que considere necesarios, algo que en principio debería redundar en una mayor protección del patrimonio pero que, según han comprobado los arqueólogos durante los primeros meses de aplicación, dificulta aún más su trabajo. Los profesionales se preguntan además si el reglamento quedará en papel mojado con la nueva ley de Patrimonio valenciano que anuncia la conselleria.
El nuevo reglamento tampoco satisface a los arqueólogos municipales que llevan años reclamando más competencias en las excavaciones y la concesión de permisos arqueológicos, una potestad que asumió la Conselleria de Cultura en la ley de Patrimonio de 1998. El reglamento da a los ayuntamientos más control sin embargo muchos no pueden asumir las nuevas potestades por falta de personal cualificado.
