El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia ha abierto diligencias previas y ha citado a declarar en calidad de investigado al alcalde de la capital, Joan Ribó, tras recibir una denuncia por negar a la oposición la información que le solicitaba. Esta información era el expediente de la encuesta fallera, solicitado por el asesor popular Luis Salom, tras las críticas que había suscitado el cuestionario en la Interagrupación de Fallas.
La causa está abierta por supuestos delitos de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos (artículo 542 del Código Penal) y prevaricación administrativa (artículo 404 del CP).
Así, pues, la investigación arranca con la denuncia interpuesta por el asesor del PP en el consistorio contra el alcalde por negarle el expediente administrativo relativo a la encuesta sobre la percepción social del colectivo fallero realizada en 2017. Y es que el formulario realizado por la delegación de Cultura Festiva -como uno de los documentos previstos para la elaboración de un plan estratégico- fue criticado por la Interagrupación de Fallas que mostró su malestar porque el cuestionario incorporaba preguntas personales, como ideología política o religiosa. La Agencia Estatal de Protección de Datos zanjó la polémica con una reprimenda al Ayuntamiento.
La declaración del alcalde, que tendrá que declarar como investigado el día 25 de junio, es la primera diligencia acordada por el instructor en el marco de una investigación abierta para determinar si los hechos expuestos en la denuncia interpuesta por el asesor popular son constitutivos de delito.
