El Juzgado de Instrucción número 9 de València ha abierto diligencias previas y ha citado a declarar en calidad de investigado al alcalde Joan Ribó tras recibir una denuncia del asesor municipal del PP, Luis Salom, por negar a la oposición la información de la encuesta fallera. La causa está abierta por supuestos delitos de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos (artículo 542 del Código Penal) y prevaricación administrativa (artículo 404 del CP).
La investigación arrancó tras la denuncia interpuesta contra el alcalde por el asesor del Grupo Popular en el ayuntamiento, Luis Salom, que a su vez está investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales dentro del caso Taula. Salom sostiene que Ribó le negó el expediente administrativo relativo a la encuesta sobre la percepción social del colectivo fallero realizada en 2017.
La comparecencia del alcalde, que tendrá que declarar como investigado el día 25 de junio, es la primera diligencia acordada por el instructor en el marco de una investigación abierta para determinar si los hechos expuestos en la denuncia interpuesta por el asesor popular son constitutivos de delito.
Se trata de una nueva denuncia presentada por el PP contra los miembros del Govern de la Nau. Como se recordará, hasta ahora se han archivado, por ejemplo, causas contra la socialista Sandra Gómez o el concejal de Compromís Pere Fuset. En relación a este nueva denuncia, el concejal del PP Félix Crespo aseguró ayer que la apertura del proceso contra Ribó «es consecuencia del despotismo y de la opacidad de su gestión y del desprecio al derecho a la información que tenemos los concejales de la oposición como representantes democráticos de los valencianos».
Crespo dijo que antes de llegar a la vía penal desde el Grupo Popular «habíamos presentado ante el ayuntamiento un recurso de reposición y habíamos denunciado ante el Síndic de Greuges, el Consell de Transparencia y el Defensor del Pueblo la negativa constante del alcalde a darnos acceso al expediente administrativo de la encuesta a los falleros».
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso una sanción muy grave al ayuntamiento por vulnerar los derechos fundamentales de los falleros encuestados, a los que se les preguntaba por su ideología política. Sin embargo, según destacó Crespo, «esta sanción no supuso un punto de inflexión para Ribó y continuó negándonos el acceso al expediente».
«Seguimos esperando que tramiten el recurso de reposición que presentamos hace más de siete meses», añadió.
