La futura Ordenanza de Civismo en el Espacio Público abordará medidas para luchar contra el botellón, los excrementos de mascotas, la mendicidad coactiva (gorrillas o limpiadores de cristales de coche) y deterioro del espacio público (grafiteros). Y lo hará desde una perspectiva preventiva y correctora antes que punitiva, según ha explicado la concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, en una comparecencia junto a la responsable de la cátedra Protecpol de la Universitat de València, que es la que está trabajando el documento.

En el caso del botellón, la idea es sancionar por el consumo de alcohol en vía pública y también por las molestias a los vecinos. Además, en el caso de menores, la sanción se dirigirá a los padres y para aminorar o anular la multa tendrán que hacer, tanto los padres como el hijo, un curso o trabajos de voluntariado cívico.

Para la mendicidad coactiva, que se fijará unicamente en aquellos casos de gorrillas, limpiadores de coches o vendedores de pañuelos, por ejemplo, que supongan una intimidación para las personas, es decir, que las personas sientan inseguridad, las medidas no serán económicas. Conscientes de que la multa no la van a pagar, en estos casos se comunicará la sanción a los servicios sociales para tengan conocimiento de este problema y actúen. Menguzzato admite que tener una sanción impide cobrar determinadas prestaciones o ayudas sociales, pero asegura que su voluntad es exclusivamente informativa.

En el caso de los grafiteros, la futura ordenanza prevé que el infractor tenga la posibilidad de limpiar o reparar el daño o participar en una especie de voluntariado cívico. Eso sí, en el caso de dañar un edificio protegido o monumento se aplicará el código penal como hasta ahora.

Finalmente, para combatir los excrementos de animales, la ordenanza obligará no solo a recoger las heces, sino a llevar todos los elementos necesarios para hacerlo, de lo contrario habrá una sanción aunque no haya excrementos.

En todos los casos, la idea es imponer sanciones leves de hasta 750 euros, pero la reiteración puede hacer que esas faltas se conviertan en graves o muy graves y llegar hasta los 3.000 euros.

La ordenanza está en fase de elaboración y contará con un proceso participativo antes de aprobarla definitivamente.