El «ventilador» puesto en marcha por el Partido Popular de València en los tribunales continúa sin salpicar a los miembros del Govern de la Nau. La justicia ha vuelto a desestimar una denuncia del Grupo Municipal Popular por un supuesto fraccionamiento de contratos, tras la sentencia del titular del juzgado número 6 a la que ha tenido acceso este periódico.

De nuevo el asesor Luis Salom, que sí está imputado por blanqueo de capitales, ha recibido el varapalo judicial; en este caso el juez no aprecida ningún delito la adjudicación de contratos de los ediles Pere Fuset (Compromís) y Maite Girau (PSPV

Según fuentes del Ejecutivo municipal, Salom lleva interpuestas más de 15 denuncias contra miembros de su gobierno, sin que por el momento haya prosperado ninguna.

El juzgado de instrucción número 6 de València ha rechazado una vez más los argumentos del Grupo Municipal Popular. En este caso, Luis Salom denunció a los concejales de Cultura Festiva, Pere Fuset, y Sanidad, Maite Girau, por supuesto fraccionamiento de contratos. Algo sobre lo que el magistrado juez no ve indicios de delito, «ni siquiera sospechas mínimamente fundadas», según expone en el auto de sobreseimiento del caso.

En la denuncia que ahora sobresee el juzgado número 6, Salom argumentaba que se habían fraccionado los contratos de alquiler de cabinas sanitarias para la festividad de las Fallas de 2017.

Unos contratos que realizaron las concejalías de Cultura Festiva y de Sanidad. El auto del juzgado es contundente y da la razón a los concejales Fuset y Girau.

Los contratos se realizaron, argumenta el juez, con empresas «sin vinculación alguna» entre ellas. En segundo lugar, porque los expedientes elevados a la corporación por ambos concejales contaron con una fiscalización previa por parte de la Intervención General del Ayuntamiento, «por lo que no puede hablarse de una resolución arbitraria».

Además, tal como reza el auto, «los contratos celebrados obedecen a necesidades y concejalías distintas, con responsabilidades en ámbitos igualmente distintos».

En este punto, cabe recordar que el contrato genérico de Girau para la instalación de las cabinas sanitarias en la ciudad difiere del contrato elevado por Fuset, cuyo objeto era «el alquiler de sillas y sanitarios portátiles ecológicos alrededor de la Ofrenda» a la Virgen, entre otros servicios.

De todo ello, el juez entiende que no se advierte «que se ocasione un resultado materialmente injusto» ni «tampoco existen indicios, ni siquiera sospechas mínimamente fundadas, de que las resoluciones en cuestión hayan sido dictadas con la finalidad (?) de actuar en contra del derecho».

Táctica fallida

Desde el Govern de la Nau denuncian la estrategia de Luis Salom de «judicializar» la acción de gobierno, con al menos 15 denuncias contra los concejales, incluso contra el propio alcalde. La táctica del asesor se ha extendido también a varios consellers, lo que le ha valido a los populares para llevarse alguna reprimenda de los órganos judiciales por el uso partidista de sus denuncias.

Hay que recordar que nueve de los diez concejales actuales de Grupo Municipal Popular (y otros muchos asesores, Luis Salom incluido) están siendo investigados en el marco del caso Taula, por un posible delito de blanqueo de capitales y delito electoral.