El abogado del PP, Jorge Carbó, lamentó la «ceremonia de ocultismo y negación de información cuando es un derecho constitucional que ampara a los concejales de la corporación municipal», aseguró a los periodistas tras la declaración del alcalde Joan Ribó como investigado. Joan Ribó

El letrado incidió en que el regidor no quiso contestar a las preguntas de las acusaciones particulares y popular por lo que «sólo ha dado explicaciones vagas relativas a que él contesta lo que le dice el secretario que debe contestar y que no tiene ninguna información porque la tiene el concejal delegado».

Unos argumentos insuficientes para el Partido Popular, que anunció la petición de «nuevas diligencias, además de la solicitud para que venga a declarar el secretario y el concejal delegado [de Fiestas] porque el alcalde dice que él no tiene ninguna información» sobre el asunto investigado.

A juicio del letrado de los populares, «no hay ninguna justificación para que se retrase el acceso a un expediente electrónico que está en el ayuntamiento. Solamente hay que facilitar las claves de acceso a ese expediente electrónico en el que si constan los hitos».

El abogado también considera que «no tiene ningún sentido porque él [en referencia a Ribó] decía que no quería desvelar la estrategia de defensa del ayuntamiento, cuando el escrito de alegaciones presentado ante la Agencia de protección de datos ya estaba presentado».

Una justificación «sin sentido, que revela que no se quería facilitar información al grupo municipal popular para que pueda hacer una labor de oposición eficiente».

Preguntado sobre la valoración del alcalde sobre la «denuncia política», el letrado respondió que es «una opinión muy personal. No la comparto en absoluto». Y, ante el argumento del abuso de la vía penal, Carbó declaró que el alcalde «ha declarado como investigado porque así lo ha acordado el juez instructor. Si lo hubiera visto como asunto administrativo directamente habría rechazado esa denuncia y no la hubiera tramitado».