El alcalde de València, Joan Ribó, se escudó ayer en un informe del secretario municipal para justificar el «retraso» de tres meses en la entrega del expediente sobre la encuesta fallera al grupo municipal popular.

Un retraso justificado por el regidor en que «lo permite el reglamento orgánico del pleno municipal y para facilitar la defensa ante un expediente abierto por la Agencia de Protección de Datos» (APD) respecto a la encuesta fallera en la que se preguntaba, entre otras cuestiones, por la ideología política de los encuestados.

Una negativa a facilitar información por la que Ribó declaró ayer como investigado (antes imputado) por un presunto delito de prevaricación ante el juez y el fiscal del Juzgado de Instrucción 9. La investigación contra el regidor se inició tras una denuncia presentada por el asesor del PP, Luis Salom, ante la negativa del regidor a facilitar información sobre la encuesta y el expediente de la APD.

Ribó respondió a las preguntas del juez, el fiscal y de sus letrados, pero se negó a contestar a las que tenían preparadas los abogados del PP y del grupo municipal popular, personados en la causa como acusación.

El alcalde de València explicó ante el juez y el fiscal que se asegura «siempre de la validez jurídica» de sus decisiones, ya que «no tengo formación jurídica». Y que las decisiones que adoptó respecto a este expediente las hizo «contando con el asesoramiento del secretario del Ayuntamiento de València e, incluso, después de ser firmada por dicho secretario», según su declaración, a la que ha tenido acceso Levante-EMV.

El regidor incluso añadió que fue el mismo secretario municipal quien justificó el retraso de tres meses en la entrega de la documentación reclamada por el PP. «En base a la argumentación jurídica del secretario del Ayuntamiento de València supe de las razones para retrasar la dación de información relativa al expediente de la Agencia de Protección de Datos (APD)» y del que desconoce si se llegó a abrir un expediente a nivel municipal.

También explicó que, al pedir amparo el PP ante el retraso en la entrega del expediente sobre la encuesta fallera y de la APD «envió una nota al concejal delegado [de Fiestas, Pere Fuset] para que diese la información solicitada, siempre que fuese ajustada a derecho».

Al finalizar la declaración, el alcalde de València lamentó ante los periodistas la «denuncia política» que le ha llevado a declarar como investigado ante el juez y la «utilización espuria de la justicia» con la «clara voluntad política de intentar demostrar ante la sociedad una cosa imposible, que todos somos iguales».

Y concluyó, tras asegurar que no piensa dimitir, que «el sueño de un imputado por corrupción es conseguir que todos sean iguales, y yo creo que en esta casa se sabe muy bien lo que es corrupción de lo que son otras cosas», en referencia al asesor del PP investigado por el pitufeo que le ha denunciado.