Los propietarios de terrenos pegados a la V-21 (autovía de Barcelona) han comenzado a recibir notificaciones de la Demarcación de Carreteras para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los terrenos que serán expropiados para ampliar esta vía a tres carriles entre el Carraixet y València (Avenida de Cataluña).
De esta manera, el Ministerio de Fomento, ahora gestionado por el Partido Socialista, da un paso más en la ejecución del proyecto, que ya está adjudicado por cerca de veinte millones de euros.
Desde Podemos, no obstante, se insiste en la necesidad de paralizarlo para salvar 80.000 metros cuadrados de huerta, yendo de esta forma bastante más allá que sus socios de gobierno en València, Compromís y el Partido Socialista, que son partidarios de mantener la obra y la inversión reduciendo el impacto ecológico.
Ayer mismo, la diputada de Podemos Rosana Pastor hizo público un comunicado en el que pide al gobierno de Pedro Sánchez que aproveche su paso por la Moncloa para cambiar la política de infraestructuras y dejar de incentivar el vehículo privado en favor de otras alternativas más sostenibles. Según dice, esa es la tendencia en toda Europa y así debería ser en València.
