Si el atasco en el servicio de Contratación era importante con la anterior Ley de Contratos del Estado, la nueva no ha hecho más que multiplicar esta situación, lo que está causando un profundo malestar entre los contratistas e incluso entre las propias concejalías, que ven cómo sus proyectos se quedan atrapados en este departamento hasta un año.
Los nuevos formularios, el rigor excesivo en la tramitación de los planes y una restrictiva interpretación de la norma, son algunas de las causas. También la falta de plantilla, aunque este asunto se venga solucionando progresivamente.
La nueva Ley de Contratos del Sector Público entró en vigor en el mes de marzo pasado y el ayuntamiento ya se temía el agravamiento de un problema que ha sido una constante toda la legislatura: el atasco de expedientes en el servicio de contratación, lo que a su vez representa un frenazo a los contratos de obras, de mantenimiento, de compras o de servicios.
Para aminorar el impacto, el ayuntamiento adjudicó precipitadamente media docena de contratos, ha dado cursos de formación a los funcionarios, ha reforzado la plantilla y ha adaptado los formularios, pero al parecer no ha sido suficiente y el atasco va creciendo.
Según las fuentes, la adaptación de esos formularios ya ha supuesto un retraso de muchos expedientes. El propio consistorio lo cifraba en tres meses el retraso. Y luego hay un exceso de celo en la tramitación de los proyectos. «Se miran 25 veces los papeles antes de poner la firma», dicen.
Interpretaciones
De entrada, todos los proyectos se someten a informe del Servicio Económico y Presupuestario y de la Asesoría Jurídica a partir de ciertas cantidades. Y en segundo lugar se ha hecho una «interpretación muy restrictiva» de la nueva ley en lo que a los contratos menores se refiere, pues se evita contratar con una misma empresa más 15.000 euros al año cuando la ley dice que no puede hacerse así cuando se trata de un mismo objeto, pero sí con objetos diferentes.
El caso más evidente es el de las asesorías, a las que no se les encargan informes de diferentes asuntos si en total superan los 15.000 euros al año. La situación es tal que casi se han acabado las asesorías para contratar, aseguran las fuentes.
La conclusión es que los proyectos no salen y eso hace que el dinero del ayuntamiento no fluya a la economía, con el perjuicio que eso supone para el desarrollo de la ciudad. Así mismo, se frena la ejecución presupuestaria, que cada año es más baja y en 2017 se quedó en el cincuenta por ciento.
Y finalmente, se está creando un profundo malestar entre las propias concejalías afectadas por este retraso, especialmente las que más nivel de inversión tienen.
