La concejala del grupo popular del Ayuntamiento de València Beatriz Simón ha alertado de que la auditoría de legalidad de la gestión del Palacio de Congresos del año 2017, "pone en evidencia irregularidades preocupantes en la contratación como el abuso de los contratos a dedo y la falta de concurrencia en la formalización de contratos menores de servicios y compra de bienes de equipo".
En un comunicado, Simón ha informado de que el año pasado, la concejal responsable de la gestión del Palacio de Congresos, Sandra Gómez, autorizó 101 contratos a dedo de un total de 143 procedimientos abiertos, ha informado el grupo popular en un comunicado.
Tras la celebración del consejo de administración del Palacio de Congresos, la edil ha resaltado que "la auditoría concluye con un informe parcial en el que se intenta justificar las irregularidades detectadas, pero es muy llamativo que no está firmado por los auditores de la empresa".
"Nos preocupa mucho lo ocurrido hoy en el consejo de administración tanto en el fondo como en las formas, porque el informe pone de manifiesto siete incumplimientos de legalidad centrados fundamentalmente en los procedimientos de contratación", ha advertido Simón.
Según la auditoría realizada por una empresa externa, ha informado la concejala popular, "durante el pasado ejercicio el Palacio de Congresos adjudicó 101 contratos a dedo sobre un total de 143 procedimientos, alcanzado la cifra de más de 182.000 euros de adjudicación directa".
Simón ha señalado que también es "llamativo" que Gómez haya incluido al final de la auditoría un segundo informe sin firmar que hace una interpretación parcial del documento firmado por el auditor.
"No sabemos los motivos que llevan a la señora Gómez a incluir este informe interpretativo de la auditoria, pero da la sensación que ha querido precisar la conclusiones del documento oficial porque no ponían muy bien su gestión", ha subrayado.
Al respecto, ha precisado que el auditor ha aclarado en el consejo de administración que las irregularidades definidas en el informe son desajustes de la exigencia normativa y, en mayor o menor grado, no debe ser él quien califique si la irregularidad puede constituir un ilícito.
"Más allá de los posibles ilícitos que se pudieran haber cometido, el solo hecho de que más de 100 contratos de un total de 143 se hayan adjudicado a dedo ya nos parece que no es una buena forma de gestionar los recursos públicos", ha sostenido.
Además, la concejal popular ha añadido que "la auditoria destaca que ha habido procedimientos de contratación en los que se invitaba a tres empresas para que presentaran presupuestos pero en muchos casos solo aparecía los acuses de recibo de una de ellas".
