La batalla para delimitar la oferta de apartamentos turísticos no ha hecho más que empezar. Mientras que el martes la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia llevaba a los tribunales a Madrid, Bilbao y San Sebastián por considerar «injustificadas» y «restrictivas» sus normativas urbanísticas respecto al alquiler vacacional de viviendas, el Ayuntamiento de València estudia ahora, dentro de la actualización del Plan General de Organización Urbana, endurecer más las medidas para paliar la escalada de precios en el alquiler de viviendas en la ciudad, en parte, por la oferta de pisos turísticos.
Así, la concejalía de Urbanismo que dirige Vicent Sarrià se encuentra en un proceso de revisión del PGOU que lleva más de 30 años en funcionamiento y necesita ser actualizado con las demandas de la ciudad. Entre ellas, abordar la saturación a la que puede verse abocada València si no se regula la oferta de apartamentos turísticos en plataformas digitales.
Por ello, se está valorando aplicar las mismas medidas que el ayuntamiento acordó en el Plan Especial de Protección de Ciutat Vella, ya redactado y en fase de exposición, y extrapolarlo a toda la ciudad. De aprobarse el mismo sistema, se haría distinción entre las viviendas turísticas profesionales, que podrán ser alquiladas los 365 días al año y las ocasionales, cuyos propietarios solo podrán alquilarla por un máximo de 60 días al año.
Esta segunda opción tendría que contar, además, con el consentimiento de la comunidad de vecinos, con el visto bueno del ayuntamiento y con el certificado de empadronamiento en vigor del arrendador en esa vivienda.
Esta opción es una de las que se concibe integrar en la modificación del PGOU, que solo contempla en esta materia la normativa que se aplica hasta ahora: solo puedan destinarse al alquiler turístico aquellas que se encuentren por encima de un negocio y por debajo de una vivienda, con la que tampoco puede compartir la misma altura del edificio.
Según reconocieron desde Urbanismo, la preocupación va más allá de los barrios más saturados y ya afecta al conjunto de ciudad, por ello la regulación se incluirá en el plan estructural. Además, en los barrios donde se pueda detectar más saturación, se regulará de forma más específica como se ha hecho en Ciutat Vella a través de su PEP o como se está haciendo en El Cabanyal. Además, el ayuntamiento estudiará Russafa tras las continuas reivindicaciones de los vecinos, que piden medidas específicas en un barrio que no para de crecer en oferta turística y ve como los precios de la vivienda residencial no dejan de subir.
Según explicaron desde la concejalía, se estudiará el caso de Russafa y de confirmar la saturación, se redactará una norma concreta para el barrio. Por encima de los tres barrios más conflictivos en alquiler vacacional, reglarán las directrices del PGOU.
En el PEP de Ciutat Vella también se incluye la directriz de incompatibilidad por la que un edificio residencial no podrá ser recalificado como un edificio del sector terciario-hotelero, con el fin de proteger a los vecinos. Esta regla no sería aplicada en el PGOU, porque según reconocieron las mismas fuentes y aunque pueda resultar contradictorio, el turismo puede ser un mecanismo para dinamizar otros barrios más degradados de la ciudad.
El ayuntamiento cree que a finales de 2019 podría haber un borrador de la revisión hecha al PGOU, un documento que habitualmente tiene una vigencia de 20 años y que en València ha perdurado a través de modificaciones en el texto introducidas para cada necesidad.
