El acuerdo entre la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente y el sector arrocero con el que se resolverá a corto plazo el conflicto de la quema de la paja, que avanzó ayer en exclusiva Levante-EMV, contará con el visto bueno de dos agentes estrictamente relacionados con el pacto: ecologistas y cazadores. Ambos han participado en la elaboración de este nuevo plan que contempla la división de la zona productora en dos sectores, uno que comprende la mayoría de los términos municipales de Sueca y Cullera y el otro el resto de la Ribera Baixa y los pueblos de l'Horta y València.
El objetivo es seguir las indicaciones de un estricto calendario secuencial para minimizar el impacto en las poblaciones y ciudades circundantes, por lo que habrá una alternancia anual, es decir, cada campaña las llamas recorrerán una de las dos zonas. No han sido los únicos que han intervenido. En la confección de este nuevo proyecto de gestión, el Consell también ha tenido en cuenta las valoraciones de vecinos y vecinas de las localidades afectadas, ayuntamientos, regantes y el parque de la Albufera. La intención final es dar al sobrante una salida como recurso y no como residuo, no obstante, la combustión continuará estando presente, al menos, en los próximos años.
El área encabezada por el secretario autonómico Fran Quesada se ha reunido con todas las partes implicadas. En el caso de la caza, la temporada se abrió el pasado 15 de julio, y tras más de siete meses, se cerrará el último día de febrero de 2019 en los cotos con la caza de perdiz con reclamo. Asimismo, la media veda arrancó el pasado domingo hasta el segundo fin de semana de septiembre, entre otras modalidades, por lo que la quema del material vegetal tocará de lleno la actividad cinegética. Aún así, el nuevo convenio prevé incurrir lo menos posible en este ámbito.
Lo mismo ocurre con los ecologistas, quienes han exigido a la administración que intente aminorar la emisión de gases provocada por la quema de los rastrojos y que todos los años inunda con una extensa columna de humo el área metropolitana de València. Para atender todas las peticiones se han incluido nuevas medidas y se han suprimido parte de las condiciones restrictivas aplicadas el pasado año. Así pues, los agricultores podrán prender la paja en días de poniente e incluso de noche. De esta forma, se estima que podrían calcinar más de 6.500 hectáreas en apenas un mes.
Estudio de otras vías
El Consell continúa investigando opciones alternativas al fuego. De hecho, está previsto que este año se pueda empacar el máximo de sobrante vegetal. En los últimos años, han sido numerosos los intentos por encontrar una salida. El más destacado ha sido el BioCompost, compostaje con lodos de depuradora. A ello, se le han añadido las iniciativas de la sociedad civil y el ecologismo, como el banco de paja de arroz de Acció Ecologista-Agró o las pruebas piloto que incluyen hasta fallas. Soluciones insuficientes que siguen sin ser una opción fiable que sustituya a las llamas.
Fuentes de Agricultura confirmaron ayer que se están perfilando las últimas medidas para conseguir que el subproducto del arroz sea una oportunidad en positivo para todos los actores participantes en esta cuestión. Además, aseguraron que todavía está pendiente una última reunión para rubricar el acuerdo general del Plan de Gestión de la Paja 2018 y que al mismo tiempo, presentarán nuevos avances con los que se pretende «apagar» el fuego a largo plazo.
