El pago del IBI es una obligación anual para todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que tienen en su posesión algún tipo de inmueble. No obstante, en España todavía hay muchas excepciones en este aspecto. Por ejemplo, hoy por hoy, no pagan el IBI los inmuebles que son propiedad de del Estado, las Comunidades Autónomas o entidades locales afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la defensa nacional. Ni tampoco los pertenecientes a la Cruz Roja Española o la iglesia católica, a pesar de que la Constitución indica, en su artículo 16, que «ninguna confesión tendrá carácter estatal».
Esta falta del pago del IBI en todas las propiedades de la iglesia ya ha generado muchos debates y polémicas. Y ahora, el Ayuntamiento de València pretende ponerle fin, al menos en parte, cobrando a aquellos inmuebles y actividades de organizaciones religiosas, sean católicas o no, que no se dediquen al culto sino a actividades con fines lucrativos.
Según aseveraba ayer el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, en una entrevista a Europa Press, el ayuntamiento podría recaudar alrededor de 2 millones de euros con el cobro de impuestos como el de Bienes Inmuebles (IBI), Construcciones y Obras (ICIO) y Actividades Económicas (IAE) a estas instituciones.
Vilar matiza que en este caso estarían hospitales, universidades y otros centros educativos, todos ellos de carácter privado y gestionados por entidades de ese tipo. Y subrayaba que se mantendrían exentos del pago «los inmuebles que están destinados a la asistencia social o a la celebración de culto», sean de la confesión que sean.
El edil argumenta que «lo importante» es que con el cobro de esa cantidad se comienza a «cumplir el principio de equidad fiscal» para que toda actividad de «carácter lucrativo» que se desarrolle en la capital valenciana tribute.
También quiso dejar claro que cobrar dichos impuestos a actividades dependientes de entidades religiosas que funcionen como negocios y no como espacios de culto «no se plantea como un enfrentamiento con nadie» sino que responde al objetivo de que «haya igualdad de condiciones para operar en el mercado».
Un proceso complejo
Ramón Vilar explicó que el Ayuntamiento de València «ya ha lanzado recibos del ICIO a algunas entidades que están acogidas a la Ley de Mecenazgo» y consideró que «va a ser posible cobrar otros impuestos como el IBI o el IAE». No obstante, aseguró que abordar el cobro de estos tributos es «complicado» y conlleva «un proceso complejo» para «seleccionar aquellos recibos que cumplan las condiciones».
Vilar añadió que se trabaja ya en esa tarea y en la de cuantificar cuántos inmuebles estarían en esa situación y qué cantidad se podría cobrar. «Lo estamos haciendo. Tenemos el padrón de todos los que se acogen a la exención fiscal y ahora estamos depurando cuáles podemos girar. Del ICIO se ha girado todo lo que ahí aparece y se seguirá girando a todos los que están apareciendo. El IBI e, incluso, el IAE es lo que estamos depurando».
Así, Vilar señaló que la «primera aproximación» y «estimación» que se tiene indica que el cobro sería de «alrededor de dos millones de euros».
