La Agencia Antifraude estima que las jubilaciones parciales de la Empresa Municipal de Transportes de València han supuesto "un presunto quebranto al erario público de 1.129.643 euros desde 2014 hasta 2018". Así, considera «fraudulento» que existiendo una normal legal, un convenio y un contrato laboral entre la EMT y cada trabajador que fijan en 131 días las jornadas de trabajo a realizar por cada empleado jubilado parcialmente en un período de cuatro años, los de la EMT realizaran 65 o menos jornadas , «percibiendo salarios públicos por jornadas de trabajo no realizadas».

Antifraude, además, constata en su informe que dichos salarios se financian con caudales públicos procedentes de tarifas municipales, transferencias del presupuesto municipal e incluso un fondo estatal de ayuda al transporte.

La argumentación de Antifraude va más allá, e incluso que esta situación «impide la posibilidad teórica que tendría un empresario particular titular de una empresa de transporte de abonar salarios por jornadas no trabajadas de forma efectiva». «De este modo, si con dinero de naturaleza pública se abonan jornadas de trabajo que efectivamente no se han realizado, existen fondos públicos que se han desviado de su fin de interés general», razona. «Incluso en dos casos no se ha trabajado ninguna jornada, pagándose por la EMT el salario equivalente a 131 jorndada».

El procedimiento de investigación de la Agencia Antrifraude se inició en diciembre de 2017 por una denuncia de la EMT. En el informe que el concejal Giuseppe Grezzi ya adelantó que elevaría a Fiscalía, no se entra a valorar la jubilación parcial en sí, un asunto laboral en el que no entra, sino el sistema de incumplimiento de parte de dichas jornadas que tenía como consecuencia el abono de jornadas no realizadas.