La Agencia Valenciana Antifraude estima que las jubilaciones parciales de la Empresa Municipal de Transportes de València han supuesto «un presunto quebranto al erario público de 1.129.643 euros desde 2014 hasta 2018».

En su informe final de investigación considera acreditado que esos trabajadores «no materializaron las horas mínimas exigidas legalmente, ni previstas en su convenio colectivo, ni suscritas por cada trabajador en su contrato a tiempo parcial para acceder a esta modalidad de jubilación».

Sin embargo, la EMT abonó los salarios como si se hubieran realizado las horas pactadas. De las 131 jornadas que debían realizarse, en la empresa municipal de transportes de València solo se hacían 65 o menos «percibiendo salarios públicos por jornadas de trabajo no realizadas».

Antifraude recuerda que la legislación vigente nunca ha permitido una reducción de jornada superior al 85 % en materia de jubilación, y tampoco era posible en el año 2001.

Según la investigación que ahora se elevará a la Fiscalía, se llegaron a suscribir «contratos simulados en los que se faltaba a la verdad en la narración de las obligaciones, y que servían para dar cobertura a unas traslaciones patrimoniales de fondos presupuestarios en favor de particulares sin contraprestación alguna a cambio, desviando así los fondos presupuestarios de su legítimo fin».

Y en este punto, recuerda la grave situación de desequilibrio patrimonial de la EMT, que entre 2012 y 2016 presentaba un déficit de explotación acumulado de 281 millones, al ser los ingresos insuficientes para cubrir los costes del servicio público. Todo ello según los datos de la auditoría Ernst and Young. A efectos mercantiles, pues, según Antifraude, se encontraba en causa de disolución, por lo que su continuidad está supeditada «al continuo apoyo financiero del Ayuntamiento de València».

La investigación, abierta a raíz de una denuncia de la EMT en diciembre de 2017, incide en que el fraude no consiste tanto en la posibilidad de trabajar menos del 15 % de la jornada en los casos de jubilación parcial, como en percibir unas retribuciones superiores al tiempo realmente trabajado.

De los datos que ofrece Antifraude, 149 empleados accedieron a esa jubilación parcial entre 2013 y 2017. Constata que dichos salarios se financian con caudales públicos procedentes de tarifas municipales, transferencias del presupuesto municipal e incluso un fondo estatal de ayuda al transporte.

La argumentación de Antifraude va más allá, e incluso advierte de que esta situación «impide la posibilidad teórica que tendría un empresario particular titular de una empresa de transporte de abonar salarios por jornadas no trabajadas de forma efectiva».

«De este modo, si con dinero de naturaleza pública se abonan jornadas de trabajo que efectivamente no se han realizado, existen fondos públicos que se han desviado de su fin de interés general», razona. «Incluso en dos casos no se ha trabajado ninguna jornada, pagándose por la EMT el salario equivalente a 131 jornada».

De ahí que da traslado al ministerio fiscal al constatar que estos hechos pueden ser constitutivos de delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones, prevaricación y falsedades.