El concejal de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha asegurado hoy que tanto el informe de Antifraude sobre las prejubilaciones de la EMT como el laudo del Tribunal de Arbitraje “le dan la razón a la empresa, porque se ha hecho una interpretación en los medios que no se corresponde con la relación de los hechos”. La Agencia Valenciana Antifraude cifró en 1,1 millones el quebranto económico que supusieron las prejubilaciones irregulares en la empresa pública.
Según denuncia la actual gerencia de la empresa, los gestores del PP obviaron una ley estatal que desde 2012 hasta mediados de 2018 impedía continuar con un sistema de prejubilaciones en vigor desde el año 2001. La EMT permitía trabajar a los trabajadores 65 días, pero les pagaba hasta 131 días. Antifraude detectó incluso que dos trabajadores no hicieron ningún día de los obligados en el convenio.
“En la página 11 del informe del laudo lo que dice es que el acuerdo de prejubilaciones, a través del acuerdo alcanzado en 2012, quedó anulado y solo entró en vigor otra vez al principio de julio de 2018. Eso quiere decir que desde 2012 a 2018 no estaba vigente y nosotros lo que hicimos fue paralizarlo cuando nos enteramos de la cuestión”, ha explicado esta mañana el concejal Giuseppe Grezzi.
“Nosotros tuvimos conocimiento en diciembre de 2017 de este hecho y estuvimos preguntando al Ayuntamiento qué teníamos que hacer. El 17 de mayo anunciamos la paralización de este acuerdo de prejubilaciones. Nosotros actuamos conforme a la legalidad y con responsabilidad. La paralización cautelar del acuerdo fue por responsabilidad y Antifraude ha confirmado nuestras sospechas”, sostiene el edil de Compromís, que aclara que el laudo explica que las prejubilaciones vuelven a ser legales desde julio de 2018, pero los años anteriores la compañía no lo hizo conforme a la ley.
“Ahora hay que ver cómo evoluciona la cosa, pero nosotros ya dijimos que podría haber un quebranto económico y alguna multa, que sería responsabilidad de los que fueron los autores de aquello, es decir, la gerencia de la EMT en aquel tiempo. En 2012 fue el presidente de la EMT Alfonso Novo y en 2013 más tarde Alberto Mendoza”, recordó Grezzi.
El concejal de Mobilitat Sostenible explica que ahora debe ser la justicia la que debe dirimir si hay algún tipo de responsabilidad por los hechos denunciados. “Nosotros no vamos a hacer más cábalas ni valoraciones porque el asunto está en manos de la justicia. La Fiscalía recibirá la denuncia y tendrán que investigar el tema. Luego veremos cuáles son las conclusiones”.
La EMT volverá a negociar un nuevo marco para las prejubilaciones en las próximas semanas, ya que el sistema actual caduca el 31 de diciembre de 2018, según explica la gerencia actual de la empresa.
